
En el altiplano peruano, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el penal de Challapalca está considerado el centro penitenciario de máxima seguridad de Perú. Aún así, y a aunque alberga a los presos más peligrosos del país, esta cárcel nunca ha estado equipada con bloqueadores de llamadas.
La ausencia de este tipo de tecnología no es exclusiva de Challapalca, sino que afecta a la mitad de los penales peruanos y crea la oportunidad que los criminales más peligrosos del Perú aprovechan para usar teléfonos celulares y seguir coordinando extorsiones incluso dentro del penal.
El caso de los hermanos Barbarán, estilistas que recibieron una llamada extorsiva proveniente del penal, es una de las muestras más recientes de este tipo de acciones. “Nos pidieron los del penal. Nos pidieron diez mil soles”, relataron las víctimas en conversación con Kenji Fujimori.
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Situaciones de este tipo han generado indignación social y la respuesta de organizaciones como el Frente de Defensa de Tacna, que cuestionan la seguridad carcelaria ante la presencia de antenas satelitales y señales de internet utilizados por los internos. “Ese penal está considerado como un penal de máxima seguridad. Y si no tiene bloqueadores, ¿qué significa eso?”, manifestó un representante del colectivo ciudadano a Panamericana.

La agrupación también emitió un pronunciamiento público el pasado 10 de octubre en el que se expresaban en contra del envío de más internos al centro penitenciario y anunciaron que presentarán medidas legales “para exigir el cierre definitivo del penal de Challapalca. Este penal, por sus condiciones y ubicación, vulnera derechos humanos y además pone en riesgo la seguridad de nuestra región”.
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Challapalca no tiene bloqueadores de señal
Según un informe de Panamericana, solo 30 de los 79 penales peruanos cuentan con sistemas de bloqueo de llamadas, y ni siquiera todos funcionan plenamente. La instalación y el funcionamiento de estos equipos depende de un contrato entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una empresa colombiana, pero la cobertura y el mantenimiento han resultado insuficientes.
Según el ex jefe del INPE y ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, explicó que “Challapalca nunca tuvo bloqueador, porque en teoría no había, no había en su momento teléfonos”, e insistió en la necesidad de ampliar estos servicios a través de nuevos procesos de licitación, siempre que haya presupuesto disponible. Pedraza también remarcó que, desde 2016, no se continuó la expansión del sistema de bloqueadores, dejando a numerosos penales expuestos a la delincuencia organizada dentro de sus muros.
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INPE aumenta frecuencia de requisas
Ante la carencia de soluciones estructurales, el INPE intensificó las requisas y las restricciones internas como medidas transitorias. RPP informó que los últimos operativos han llevado a los internos a idear nuevas formas de ocultar teléfonos móviles y conservar sus privilegios. Un audio difundido por el medio revela cómo los reclusos, ante la presión de las requisas y el llamado “apagón eléctrico” anunciado por el presidente José Jerí, comenzaron a ocultar los celulares y recurrieron a métodos alternativos para cargarlos, como el uso de pilas.
“Se han metido tres noches seguidas (...) y la gente se está apeligrando y van a guardar los huacos”, se escucha en la grabación, donde “huacos” sería el término usado para referirse a teléfonos celulares.
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Las autoridades del INPE ya abrieron investigaciones para esclarecer el contexto de estas comunicaciones y reforzaron el monitoreo sobre los puntos de carga eléctrica, restringiendo el acceso a recursos que facilitan la comunicación no autorizada.
La Presidencia peruana reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana. El régimen cerrado especial se endureció, limitando la movilidad de los internos y restringiendo las visitas familiares.
Los presos de la Etapa A, identificados como los de readaptación más compleja, están confinados en celdas cerradas y solo acceden al patio dos horas diarias; las visitas se limitan a una por familiar cada dos semanas, tienen una duración máxima de una hora y se realizan exclusivamente en locutorio. Para las etapas B y C, los límites varían según conducta y régimen, pero en todos los casos se impusieron normas estrictas.
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