Cada día en Perú, se reportan cerca de 4.000 robos de celulares, aunque únicamente 32 casos llegan a ser denunciados oficialmente, de acuerdo con cifras recientes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). El fenómeno, que afecta de manera cotidiana a miles de ciudadanos, concita la atención de autoridades locales y especialistas ante la notoria brecha entre el delito ocurrido y los hechos realmente informados ante las autoridades competentes.
Operativos contra la delincuencia: acciones coordinadas desde la Municipalidad de Lima
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que la municipalidad intensifica acciones de control ante el crecimiento del comercio de equipos sustraídos. De acuerdo con declaraciones de Reggiardo, estos operativos cuentan con la colaboración de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se organizan en estricto secreto para evitar alertar a los infractores. “Estamos trabajando operativos. No podemos revelar dónde ni cuándo, pero la idea es clausurar locales donde se comercializan celulares robados”, señaló el burgomaestre a 24 Horas Noticias.
Reggiardo precisó que la municipalidad desempeña un papel de apoyo en estas intervenciones, puesto que la competencia directa de control recae en la Policía Nacional. Explicó que la institución edilicia participa en la prevención y, luego de los operativos, en la fiscalización y eventual cierre de locales identificados por la policía como puntos de venta irregulares.
Competencias y límites de la fiscalización
El proceso de fiscalización requiere la intervención de entidades con capacidad de investigación y acción penal. Martín D’Azevedo, especialista en gestión pública, explicó a 24 Horas Noticias que “la fiscalización y la verificación de ello corresponde a la policía y a la Fiscalía de Prevención del Delito, de modo que solo con alguna de esas dos autoridades puede intervenirse y detener a dueños o representantes legales de estos locales”. D’Azevedo resaltó que la municipalidad, por sí sola, no tiene facultades para realizar investigaciones ni detenciones.
Reggiardo destacó la necesidad de un proceso judicial rápido tras cada intervención. “No solo es capturar o incautar celulares o chips de dudosa procedencia. También se debe iniciar el proceso judicial de forma rápida. La judicialización es fundamental”, sostuvo. Para el alcalde, perseguir legalmente el delito desde la venta hasta la compra de teléfonos robados es un punto central para combatir el círculo delictivo.
Brecha entre robos y denuncias: el desafío de la subnotificación
El informe de Osiptel revela que el número de robos reportados supera ampliamente a las denuncias formales. Mientras que unos 4.000 robos de celulares tienen lugar cada día, solo 32 denuncias llegan a formalizarse ante las autoridades. Esta brecha evidencia la dificultad para generar datos estadísticos que permitan dimensionar y responder al fenómeno de manera integral.
Las autoridades consideran que la subnotificación dificulta la desarticulación de redes dedicadas al comercio ilegal de equipos móviles. Por ello, insistieron en la importancia de la denuncia formal y de la participación ciudadana para alimentar los registros oficiales que gestionan la Policía y Osiptel.
Recomendaciones: qué hacer en caso de robo de celular
El propio Osiptel brinda una serie de sugerencias a los ciudadanos víctimas de robo o pérdida de su equipo móvil. Entre ellas, se recomienda bloquear inmediatamente la línea llamando al operador, solicitar el bloqueo del equipo mediante el IMEI y acudir a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia. El organismo recuerda que el proceso de bloqueo del IMEI puede realizarse desde la página web del operador o a través de los canales oficiales de Osiptel, y aconseja conservar siempre una copia de la constancia de denuncia policial para consultas o trámites posteriores.
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