El Gobierno de Perú publicó en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por treinta días calendario, con el objetivo de enfrentar el incremento de la violencia y la criminalidad en estas jurisdicciones. Según detalla el propio decreto, esta decisión responde a los informes presentados por la Policía Nacional del Perú (PNP), que dan cuenta del deterioro del orden interno a raíz de delitos como homicidio, sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas.
El Peruano informa que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, permitiendo la ejecución de acciones coordinadas para restablecer la paz pública. “La intervención policial y militar se regirá por los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales”, dispone el decreto, en cumplimiento de los marcos legales vigentes sobre uso de la fuerza y protección de personas vulnerables.
Entre las disposiciones centrales, el decreto establece la restricción o suspensión de los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libre circulación dentro de las áreas declaradas en emergencia. A su vez, las actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo requerirán autorización previa de las autoridades competentes. Actividades que no sean masivas podrán realizarse sin permiso previo.
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El documento también crea el Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la Policía Nacional, e integrado por altos representantes de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades regionales. Este comité coordinará todos los operativos, elaborará los protocolos de respuesta multisectorial y evaluará el impacto de las medidas. En paralelo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y los comités regionales y distritales estarán en sesión permanente mientras dure la emergencia.
Medidas durante 30 días
El Peruano especificó que, durante la vigencia del estado de emergencia, se adoptarán medidas de control territorial focalizado, patrullajes en zonas críticas, operativos de búsqueda de personas requisitoriadas, decomiso de armas y explosivos, y restricciones al tránsito, especialmente en motocicletas. El decreto también contempla restricciones de visitas en penales y el desmontaje de antenas de telecomunicaciones ilícitas a cargo de las Fuerzas Armadas.
Según el texto oficial, la supervisión de mercados ilegales, como el de drogas, armas, autopartes, y la comercialización informal de chips telefónicos, será intensificada. Además, el sistema de inteligencia estatal podrá aplicar pruebas de confiabilidad al personal penitenciario para fortalecer las investigaciones. Se anuncia la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicletas para combatir delitos cometidos bajo esa modalidad.
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El decreto expresa que la implementación de estas acciones se financia con recursos institucionales ordinarios y con asignaciones extraordinarias aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Antes de la finalización de la emergencia, el CCO elevará un informe a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial sobre los resultados y recomendaciones correspondientes.
El decreto lleva las firmas del presidente José Enrique Jerí Oré, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Julio Álvarez Miranda, y los titulares del Ministerio de Defensa, Economía, Justicia, Interior y Transportes y Comunicaciones.