El gobierno de José Jerí decretó el estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y Callao. Aunque no se ha implementado el toque de queda, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, adelantó que esta medida “no ha sido descartada”.
“(¿Se ha descartado por completo el toque de queda?) No por completo. Pero somos conscientes plenamente de que el toque de queda perjudica a gran parte del comercio de Lima y Callao. Hay turismo, hay comercio, hay centros de espectáculos nocturnos y gente que vive alrededor y presta servicios a estos emprendimientos”, declaró en entrevista con TV Perú.
Álvarez remarcó que el Ejecutivo entiende el impacto económico que podría generar un toque de queda, especialmente en los sectores de recreación y turismo. Por ello, aseguró que, de aplicarse, sería bajo criterios técnicos.
“Toda medida restrictiva de libertad tiene que ser proporcional y racional siempre. No pueden tomarse medidas de restricción de la libertad sin un sustento real, sin una ponderación de derechos que realmente justifique que el ciudadano de a pie tenga que evitar algunas actitudes o actividades. Por eso es que se ha descartado por ahora el toque de queda”, precisó.
El jefe del Gabinete reconoció que, en lo que resta al gobierno de transición, no será posible lograr cambios profundos en la reducción de la criminalidad, pero sí confía en generar un impacto positivo en la población.
“Queremos dejar una huella, por lo menos disminuir la criminalidad, afectar a las principales organizaciones criminales violentas y, por lo menos, dejar para el mes de junio la sensación al ciudadano de que se ha mejorado”, comentó.
Estado de emergencia: ¿Qué medidas se aplican?
El Gobierno ha declarado Estado de Emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la delincuencia y la violencia. Esto no significa que todo está prohibido, pero sí que el Estado puede tomar medidas más fuertes de lo normal para recuperar la seguridad. ¿Qué cambia exactamente?
Durante este periodo, algunos derechos se restringen. Por ejemplo, la policía puede detener personas sin necesidad de orden judicial si sospecha que están cometiendo un delito. También puede ingresar a viviendas o locales sin autorización de un juez. Las reuniones en espacios públicos necesitan permiso y la libertad de desplazarse puede estar limitada en ciertas zonas o horarios.
La Policía Nacional continúa a cargo del orden, pero ahora trabaja junto a las Fuerzas Armadas. Ellos pueden hacer patrullajes conjuntos en calles, estaciones, paraderos y lugares considerados peligrosos. También pueden intervenir vehículos y pedir documentos de identidad a cualquier persona. Si es necesario, pueden ingresar a casas, realizar operativos de captura y decomisar armas, drogas o explosivos.
Una medida concreta es la prohibición de que dos adultos viajen juntos en una moto lineal. Además, se harán controles especiales a extranjeros en situación irregular y operativos para desmantelar mercados ilegales de celulares, drogas, armas o autopartes.
En los penales también hay cambios: solo se permite una visita por semana o cada quince días, según el régimen del interno, y solo de familiares cercanos. Se pueden apagar luces en celdas por seguridad y desmontar antenas usadas para comunicaciones ilegales.