El Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria rechazó el pedido de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por presunta negociación incompatible. Esto en el caso de las designaciones en EsSalud de allegados del médico Mario Cabani tras las cirugías estéticas al rostro de la exmandataria.
Este es el segundo pedido de impedimento de salida del país que es rechazado por el Poder Judicial. La semana pasada, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el requerimiento que hizo el Ministerio Público en la investigación contra Boluarte por presunto lavado de activos.
Así las cosas, la vacada expresidenta está libre de abandonar el Perú en caso así lo decida.
No hay elementos ni peligro de fuga, dicen
En este caso se investiga a Dina Boluarte por presunta negociación incompatible por las designaciones de Natali Victoria Román Schmitt y María Elena Aguilar del Águila, así como el pago de beneficios a Javier Ramón Sánchez e Ingunza, en el Seguro Social de Salud (EsSalud). Todos ellos amigos de Mario Cabani.
La Fiscalía alegó que, a partir de los correos y las declaraciones de Patricia Muriano, se demuestra que Boluarte efectivamente se interesó indebidamente en beneficiar a los allegados de Cabani. Asimismo, advirtió un peligro de fuga por la capacidad económica.
Sin embargo, según la resolución a la que accedió Infobae, para el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley los elementos de convicción no son suficientes para imponer impedimento de salida del país. Por ejemplo, sobre la declaración de Patricia Muriano, se dice que, si bien es relevante, no ha sido corroborada con otros elementos, a pesar de las capturas de los correos enviados por Cabani donde recomendaría a sus allegados.
Justamente, el magistrado también desestima las capturas de los correos electrónicos: “Al ya tenerse la declaración de la antes referida (Muriano), dichas fotos resultan sobreabundantes y solo sirven de referencia, pero no como un dato adicional para acreditar la suficiencia de elementos de convicción que se requiere para justificar la medida".
“De la evaluación hecha individualmente se desprende que no tienen la fortaleza suficiente que la regla procesal requiere”, concluye Checkley sobre los elementos de convicción.
En relación al peligro de fuga, el juez afirma que tampoco se ha acreditado. La Fiscalía indició que existe posibilidad de que Boluarte huya de la justicia porque tiene capacidad económica, registra diversos viajes al exterior, tiene un hijo en Estados Unidos y no tiene un trabajo.
“No se evidencia materialmente ninguna de estas posibilidades (...); en el caso de los hijos mayores de edad, es evidente que ello no es justificación para sustentar una fuga; en cuanto al arraigo laboral, es evidente que la investigada fue vacada de la máxima función pública; sin embargo, es una persona con una profesión liberal al ser abogada que puede ejercer dicha profesión a su libre elección; y respecto al supuesto asilo, no se acredita que este exista o haya existido, un twitt no puede sustentar ello”, dice.
Checkley también sostiene que Boluarte tiene domicilio conocido, incluso se dictó allanamiento. “Es pues factible ubicarla, notificarla y aplicar la conducción compulsiva en caso se niegue a concurrir a citación alguna”, dice.