El expresidente de Perú, Francisco Sagasti, envió un mensaje a la ciudadanía ante la posibilidad de nuevas marchas en rechazo al Gobierno de José Jerí y al Congreso de la República. En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, el exjefe de Estado destacó que los peruanos pueden esperar de su parte “un intento de reflexionar con ecuanimidad, con tranquilidad, de orientar a la ciudadanía, de exigirle a las autoridades respeto por la voluntad popular”.
Durante la conversación con Infobae Perú, Sagasti dirigió un pedido directo a las principales figuras del Ejecutivo. El exmandatario exigió al Gobierno, al presidente José Jerí, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior y a los demás miembros del Gabinete que demuestren un mínimo de responsabilidad y rectifiquen el rumbo cuanto antes, para garantizar la paz social y asegurar unas elecciones limpias y sin incidentes.
El exmandatario alentó a la sociedad peruana a mantener una “actitud de expectativa y vigilancia” en el actual contexto político. Sagasti instó a la ciudadanía a recopilar información y pruebas para determinar con claridad la dirección que asumirá el Gobierno y el margen de maniobra que permitirá el Congreso. “En fin, lo importante es mantener una actitud de expectativa, vigilante y empezar a recoger evidencias para determinar realmente cuál es el rumbo que va a tomar el Gobierno actual, qué margen de maniobra le va a dejar el Congreso y si seguiremos con más de lo mismo o peor de lo mismo”, puntualizó.
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Las declaraciones del expresidente fueron recogidas en un contexto de movilizaciones ciudadanas, en las que diversos sectores exigen mayor transparencia, respeto a la institucionalidad y garantías para procesos electorales libres. Las palabras de Sagasti reflejan una postura de vigilancia activa e invitan tanto a la ciudadanía como a las autoridades a actuar con prudencia y compromiso democrático.
Señala al gobierno de Jerí como responsable
El expresidente de Perú, Francisco Sagasti, condenó la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sáenz durante las protestas en el centro de Lima, subrayando la responsabilidad política del Gobierno de José Jerí en el manejo de la represión. En una entrevista exclusiva concedida a Infobae Perú, Sagasti calificó el hecho como “una tragedia doble” que, en su opinión, “podía haberse prevenido con una actitud diferente por parte de quienes eran responsables de mantener el orden”.
El caso de Ruiz Sáenz —un joven rapero de 32 años— se registró durante la llamada Marcha de la Generación Z, el 15 de octubre. Según los videos difundidos, un disparo a corta distancia presuntamente efectuado por un agente policial vestido de civil acabó con la vida del manifestante en las inmediaciones de la Plaza Francia. Ruiz fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde se confirmó su deceso. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos inició una investigación, con tareas de levantamiento de pruebas y recolección de videos en la zona.
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Sagasti enfatizó que “la gran mayoría, la absoluta mayoría de la manifestación, se realizó en paz, sin violencia, con personas protestando pacíficamente”, según relató a Infobae Perú. Señaló que estos hechos no deben desvirtuarse por incidentes violentos ocurridos al final de la jornada. El expresidente subrayó que el Gobierno debe responder no solo por la muerte de Ruiz, sino por el manejo general de la fuerza pública durante la protesta. “El Gobierno tiene responsabilidad, no solo por esta muerte sino por toda la manera en que se manejó la represión, nuevamente indiscriminada”, afirmó.
Mientras tanto, el Ejecutivo enfrenta crecientes cuestionamientos. El presidente José Jerí ordenó esclarecer el incidente y colaborar con la investigación. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que el presunto agresor pertenezca al grupo Terna de la Policía, pese a que varios testigos así lo identifican en videos viralizados. La Defensoría del Pueblo informó que los disturbios dejaron más de 100 heridos, incluidos dos en estado crítico. El debate sobre el uso de la fuerza letal y la protección de derechos humanos vuelve a marcar la agenda nacional ante la indignación por la muerte de Ruiz Sáenz y las demandas de transparencia estatal.