La confirmación del fallecimiento de Eduardo Ruiz, joven manifestante atacado presuntamente por un agente policial vestido de civil, provocó una fuerte reacción de Francisco Sagasti, expresidente de Perú, quien calificó el hecho como una tragedia doble que pudo evitarse. Durante una entrevista exclusiva concedida a Infobae Perú, Sagasti expresó su preocupación por el uso de la fuerza en la gestión de las recientes protestas sociales.
Según relató el exmandatario a Infobae Perú, la muerte de Ruiz representa “una tragedia doble (...) podía haberse prevenido con una actitud diferente por parte de aquellas personas que estaban participando en mantener el orden”. Para Sagasti, los sucesos recientes evidencian una responsabilidad política directa del Gobierno peruano sobre la represión registrada en las calles.
“El Gobierno tiene responsabilidad, no solo por esta muerte sino por toda la manera en que se manejó la represión, nuevamente indiscriminada”, afirmó Sagasti al medio. El exjefe de Estado subrayó la gravedad de la situación, al indicar que las autoridades no solo deben responder por la muerte de Ruiz, sino por el “manejo general de la fuerza pública durante estas jornadas”.
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Durante la entrevista, Sagasti insistió en que “la gran mayoría, la absoluta mayoría de la manifestación, se realizó en paz, sin violencia, con personas protestando pacíficamente”. Este punto, apuntó, no debe perderse de vista pese a los incidentes que ocurrieron hacia el final de la movilización en horas de la noche. “Esto no debe ser desvirtuado por actos de violencia que sucedieron en horas de la noche, hacia el final de la manifestación”, recalcó el expresidente.
La cobertura de Infobae Perú detalla que las manifestaciones han reunido a miles de personas en Lima y en diversas regiones del país. Las protestas expresan el rechazo ciudadano frente al actual Congreso y al Ejecutivo, convertido en foco de cuestionamiento público por su manera de responder a la disidencia.
Sagasti enfatizó la legitimidad de la protesta ciudadana: “Separemos dos cosas: la protesta ciudadana legítima, no solo en Lima, en el centro de Lima, sino en diversas regiones del país, que repudia lo que está sucediendo con el Congreso y con el Ejecutivo”.
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Preciso instante del asesinato
Durante la marcha conocida como Generación Z realizada en el centro de Lima el 15 de octubre, una serie de imágenes y videos difundidos por redes sociales documentaron el instante en que Eduardo Ruiz Sáenz, joven rapero de 32 años, fue víctima de un disparo a corta distancia. Los registros audiovisuales, publicados por testigos muestran a grupos de manifestantes desplazándose por inmediaciones de la Plaza Francia. De pronto, un grupo rompe la formación y huye; en ese momento, un sujeto voltea y dispara dos veces. El primer proyectil impacta contra una pared. El segundo, según confirmó el Ministerio Público, causa la muerte de Ruiz Sáenz.
El joven fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde ingresó sin signos vitales, de acuerdo con un reporte oficial del Ministerio de Salud. El caso pasó a ser investigado por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, entidad que dispuso el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias balísticas y audiovisuales en la zona.
El incidente se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde testigos identificaron al presunto agresor como posible miembro del grupo Terna, unidad de operaciones encubiertas de la Policía Nacional del Perú (PNP). Las autoridades, sin embargo, negaron esta versión. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó en entrevistas que “no hubo presencia policial” en el punto donde ocurrió el ataque y que el grupo Terna no participó en la zona.
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El presidente José Jerí ha instruido esclarecer el hecho y entregar toda la información recabada. Mientras la investigación avanza, la Defensoría del Pueblo reportó que la jornada dejó más de 100 heridos, dos de ellos en estado crítico, entre civiles y policías. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de fuerza letal durante protestas y la responsabilidad estatal en la protección de derechos humanos.