El abogado Joseph Campos, defensor de la presidenta Dina Boluarte, expresó este jueves su preocupación ante la presentación de cuatro mociones de vacancia presidencial, al advertir que la situación refleja una crisis institucional.
En entrevista con RPP, señaló sentir “tristeza y preocupación” tras el anuncio de las fuerzas políticas que respaldaban a la mandataria, ahora dispuestas a destituirla a seis meses de las elecciones generales.
“El pedido de vacancia de un presidente de la República siempre es una crisis”, afirmó Campos. Añadió que el procedimiento de destitución cambió a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre un hábeas corpus del expresidente Pedro Castillo, antiguo aliado político de Boluarte.
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“No solamente habilita la incapacidad moral permanente, pero le pone también unas reglas que se tienen que observar para efectos de que, siendo una decisión política del Congreso de la República, no se genere arbitrariedades ni tampoco se ignore la idea de la trascendencia de quitarle el cargo a un presidente”, indicó.
El letrado recalcó que la destitución no puede basarse únicamente en los votos obtenidos: “Ya no es como antes consigo los votos y ya. Aunque probablemente exista esa tentación. Lo que ahora corresponde es la evaluación técnica en los términos que el Tribunal Constitucional ha establecido”, dijo.
Sostuvo que en el Congreso debe existir “una suerte de diálogo respetuoso e institucional para establecer la trascendencia de quitar a un presidente, cosa que se ha perdido”, y rechazó que se le atribuya responsabilidad directa a la gobernante en asuntos como la inseguridad.
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“(Ella) no controla la seguridad ciudadana. Si no sale con pistola a combatir, acá hay una confusión. El presidente da una orden política que implementa el sector técnico”, matizó.
Varios partidos que impulsan las mociones para destituir a Boluarte, argumentando su incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, tienen líderes que buscan la presidencia en 2026. Entre ellos están Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, y Podemos Perú, de José Luna.
El fujimorismo y Acción Para el Progreso (APP), principales aliados de la mandataria en el Congreso, también anunciaron su apoyo a la destitución. Hasta ahora, seis mociones anteriores de destitución han fracasado, y Boluarte registra una aprobación del 3 %, la más baja en Latinoamérica.
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Documentos a Ecuador y Brasil
La congresista Patricia Chirinos envió dos oficios a los embajadores de Brasil y Ecuador en Lima para rechazar cualquier intento de asilo o refugio político solicitado por la jefa de Estado.
Chirinos advirtió que, si se aprueba una solicitud de ese tipo, se estaría permitiendo una evasión de la justicia peruana, ya que Boluarte afronta investigaciones en el Ministerio Público. Afirmó que el asilo político no debe usarse como mecanismo para eludir la responsabilidad penal ni para interferir en el trabajo de la justicia nacional.
Por ello, exhortó a ambas sedes diplomáticas a mantener una postura institucional y a reafirmar su compromiso con los principios de soberanía, independencia judicial y no injerencia en los asuntos internos del Perú.
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