El 30 de septiembre de 2019, Martín Vizcarra, entonces presidente de la República del Perú, anunció la disolución del Congreso tras la negación fáctica de la cuestión de confianza solicitada por su primer ministro, Salvador del Solar. Seis años después, el cierre del Parlamento permanece como uno de los episodios más controvertidos de la política peruana reciente.
La jornada se definió cuando el Ejecutivo solicitó al Congreso que postergara la votación para elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y, en cambio, considerara la cuestión de confianza presentada por Del Solar. El Parlamento continuó con la elección del magistrado, acto que el gobierno interpretó como una negativa a la confianza. Vizcarra apeló al artículo 134 de la Constitución para anunciar la disolución inmediata del Parlamento y convocar elecciones legislativas, lo que generó nuevas tensiones institucionales.
La nueva representación nacional surgida de las elecciones extraordinarias celebradas cuatro meses después, tomó posesión y meses más tarde concretó la vacancia presidencial de Vizcarra. Este paso fue considerado por algunos sectores políticos como una respuesta a la crisis provocada por el cierre del Congreso.
Seis años después, las consecuencias de aquel acto siguen repercutiendo en la carrera política de Vizcarra. En junio de 2025, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 10977/2024-CR, mediante la que se dispone una inhabilitación de diez años para ejercer la función pública contra Martín Vizcarra Cornejo por infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú. El fallo fue respaldado por 67 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyó que “la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley. Consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que, al haber elegido un magistrado, se había denegado la confianza”, según figura en la resolución difundida.
El proceso iniciado aquella tarde de septiembre de 2019 se mantiene vigente en el debate político peruano y en el destino jurídico del propio Vizcarra, quien hoy enfrenta una sanción que condiciona su posibilidad de ocupar cargos públicos por una década.
Capital político de Martín Vizcarra
El expresidente Martín Vizcarra respondió a la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, que solicitó a las encuestadoras excluirlo de próximos sondeos por su inhabilitación política. “Podré no estar en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana”, afirmó después de la suspensión de la audiencia de prisión preventiva vinculada al caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Vizcarra consideró que, a pesar de la sanción del Congreso de la República, mantiene su condición de ciudadano y ejerce su derecho a opinar sobre temas de interés nacional.
El pronunciamiento del JEE surgió tras la denuncia de Luis Miguel Caya, quien cuestionó a la empresa CPI por incluir a Vizcarra, pese a su inhabilitación y expulsión del padrón de Perú Primero. Aunque el JEE descartó sancionar a CPI, instruyó a todas las encuestadoras a no incluirlo mientras permanezca la sanción. El organismo recordó que las encuestas deben reflejar información verdadera y actualizada sobre candidatos habilitados, para evitar distorsiones y posibles confusiones durante el proceso electoral de 2026.
En paralelo, Vizcarra criticó la actuación del fiscal Germán Juárez, encargado de su caso, por haber sumado nueva documentación al pedido de prisión preventiva. Sostuvo que ello evidencia la debilidad de las pruebas iniciales. Confirmó además su presencia en la próxima audiencia judicial, insistiendo en que siempre ha dado la cara a la justicia y que espera una decisión favorable del tribunal.