El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela desnudó una disputa interna entre bandas de narcos peruanos en Argentina, donde la figura de Pequeño J quedó señalada como vértice de una sangrienta disputa por el poder y la herencia criminal.
El caso, de acuerdo a lo revelado por Página 12, expuso las conexiones internacionales del negocio de la cocaína y una trama de complicidad policial que permitió la consolidación de una red letal en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
El reciente allanamiento nocturno a la vivienda donde se ocultaba Tony Janzen Valverde Victoriano —conocido como Pequeño J— marcó un punto de quiebre.
Venganza articulada
Según informó Página 12, allí los investigadores encontraron una pistola Glock calibre 40, un pasaporte y comprobantes de transferencias por cientos de miles de dólares hacia Perú, además de pruebas de recaudación de dinero a través de Mercado Pago.
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La versión policial sostiene que el Pequeño J quedó vinculado a la masacre de las tres jóvenes, quienes fueron asesinadas, videograbadas y enterradas en un pozo cavado ex profeso, tras llegar a la casa de Florencio Varela pasada la medianoche.
La pesquisa señala una venganza articulada porque una de ellas se habría quedado con dinero o droga. El caso se agrava por la “profesionalidad” en la ejecución y desaparición de los cuerpos, así como la frialdad en la transmisión del asesinato a integrantes de la banda mediante una grabación realizada por Miguel Ángel Villanueva Silva, quien declaró haber sido testigo directo.
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El fiscal Adrián Arribas y la Policía Bonaerense coinciden en que la organización de Pequeño J, lejos de ser un gran cartel internacional, opera a nivel marginal y disputa el control menor entre los sobrevivientes de clanes históricos de la región.
¿A quién responde Pequeño J?
La respuesta a quién maneja realmente el negocio detrás del triple crimen resulta difusa. Según información emitida por La Nación, fuentes penitenciarias afirman que Pequeño J distribuye droga en nombre de Marcos Estrada Gonzales, histórico capo de origen peruano, famoso por su dominio en la villa 1-11-14.
La Nación señaló que en el ambiente carcelario se sostiene la versión de que Pequeño J sigue bajo la tutela de Estrada, a pesar de su extradición y detención en Lima allá por 2023.
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No obstante, también circula la hipótesis de que respondería a otra figura, Julio Andrés Rodríguez Granthon, apodado El peruano.
Rodríguez Granthon está preso en Marcos Paz y fue identificado por las autoridades como principal proveedor de cocaína en Rosario, con antecedentes por homicidio y tráfico, según recogió La Nación. En una entrevista concedida tiempo atrás a ese medio, admitió haber traficado alrededor de 400 kilos mensuales de droga.
El cruce de versiones muestra la fragmentación y la rivalidad de las estructuras peruanas en el país. “Hoy el pequeño J, si existe, tiene más miedo a los narcos que a la justicia”, enfatizaron los especialistas consultados por La Nación, graficando el cerco doble que enfrentan los eslabones medios de la red criminal.
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Estructura heredada
Durante años, la cocaína en el sur de la Ciudad de Buenos Aires estuvo bajo control de personas oriundas de Perú, incluso algunas vinculadas a Sendero Luminoso.
En este entramado, Marcos Estrada surgió acompañado por familiares y exsenderistas, como los hermanos Alionzo y Esidio Ramos Mariños. Ya expulsado de la Argentina, Estrada rearticuló su estructura en Lima, donde volvió a ser detenido acusado de liderar una red de lavado de activos en septiembre de 2023.
El clan que giró en torno a la herencia de los antiguos jefes narcos sumó nuevas reglas de violencia y control. Pequeño J ha sido señalado como sobrino de Estrada y primo de Dumbo —otro heredero del poder narco—, quienes disputan el control de mercados y territorios.
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Según la fiscal Mónica Cuñarro —reseñada en Página 12—, policías federales y de la Ciudad distribuyeron en distintos hospitales los cuerpos de víctimas de torturas y ajustes de cuentas, lo que impidió vincular los crímenes a un mismo origen.
Red de lavado
El negocio narco penetró en la vida cotidiana a través de transferencias por sistemas como Western Union y billeteras virtuales, y el financiamiento de actividades en las villas.
Página 12 documentó la existencia de comedores populares sostenidos por grupos narcos en ausencia del Estado. Chicos y chicas, ante la precarización económica, se ven absorbidos por el circuito delictivo. El caso del triple femicidio consolidó el patrón de violencia en un entorno donde las bandas disputan poder, “herencias” y territorios.
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En la vivienda allanada tras el ataque, las pruebas de recaudación y los cientos de miles de dólares enviadas a Perú refuerzan la magnitud de una economía ilegal que trasciende el conflicto local.
El ascenso y caída
Marco Estrada Gonzales —alias Marcos— se consolidó en los años 90 tras emigrar desde Lima, perseguido por acusaciones de pertenencia a Sendero Luminoso. Instalado en la villa 1-11-14, fue que comenzó a tejer una red que, incluso tras su captura en Buenos Aires y extradición a Perú, no perdió cohesión.
En septiembre de 2023, Estrada fue capturado en el distrito de Surco (Perú), rodeado de lujos y acusado de liderar una red transnacional de lavado de dinero.
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Las incautaciones incluyeron vehículos de alta gama, motocicletas y viviendas de más de 800 dólares mensuales de alquiler, cifras evidenciadas en documentos obtenidos por Infobae Perú. Todo este despliegue se dio sin que Estrada Gonzales reportara ninguna ocupación legal, lo que deja en evidencia la amplitud de su red y las ramificaciones del negocio hacia la Argentina.
La figura de estos narcos peruanos revela fragmentos inéditos de una disputa de poder en constante mutación, atravesada por vendettas, viejas alianzas y la irrupción de nuevas generaciones atraídas por la promesa del dinero fácil y la violencia.
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