El Poder Judicial revisará el próximo 1 de octubre la vigencia de la prisión preventiva impuesta al exconductor de televisión Andrés Hurtado, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, según la resolución difundida este martes por RPP.
La audiencia, programada de forma virtual y presidida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, tiene como objetivo evaluar si corresponde mantener la medida restrictiva por 18 meses dictada en octubre de 2024.
En el proceso participarán Hurtado, recluido en el penal de Lurigancho, y su abogado defensor, Elio Riera. La revisión busca determinar si persisten los fundamentos legales que motivaron la medida cautelar.
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Según la investigación de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el expresentador habría facilitado el pago de una suma de dinero al empresario Javier Miu Lei con el propósito de recuperar barras de oro incautadas en 2022.
De acuerdo con la emisora, ese mismo día, el juez Checkley también evaluará la situación de la fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta, suspendida de manera preventiva por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y comprendida en el mismo caso.
La magistrada permanece en el penal de Mujeres de Chorrillos desde diciembre de 2024, luego de que la Corte Suprema revocara su comparecencia con restricciones e impusiera prisión preventiva por 18 meses.
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Checkley no aceptó ordenar la misma medida para Miu Lei, tal como había solicitado el Ministerio Público, y ordenó que prosiga la investigación con comparecencia con restricciones. De acuerdo con la resolución, se tomó en cuenta el arraigo laboral y domiciliario, así como la existencia de peligro de fuga y posible obstrucción de la justicia.
Orden revocada
La semana pasada, el Poder Judicial revocó otra orden de prisión preventiva contra Hurtado, relacionada con presuntas gestiones irregulares en la Superintendencia de Migraciones a favor de un futbolista. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aclaró que aún permanecerá recluido, ya que continúa vigente una medida cautelar que rige hasta marzo de 2026.
Semanas atrás, el expresentador envió una carta al Tribunal Constitucional solicitando la revisión de su recurso para anular la prisión preventiva, luego de que su pedido de hábeas corpus fuera rechazado. En el documento, argumentó que puede enfrentar el proceso en libertad y pidió que se programe con urgencia una audiencia.
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“Solicito respetuosamente se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (recurso de agravio constitucional), suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”, escribió a puño y letra.
Sin embargo, el Tribunal respondió que dicha audiencia solo se llevará a cabo si los magistrados consideran que es necesaria, conforme al procedimiento establecido.