El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, se presentó ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República para informar sobre la situación actual del sistema penitenciario nacional.
Durante su exposición, destacó la necesidad de implementar medidas innovadoras para enfrentar el deshacinamiento carcelario, uno de los principales problemas del sector.
Actualmente, 60 personas cumplen condena bajo el sistema de vigilancia electrónica personal (grilletes electrónicos). Paredes precisó que el INPE solicitó un presupuesto adicional de 6 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ampliar este servicio; sin embargo, el pedido fue desestimado.
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“Nos hemos propuesto, junto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, tener las conversaciones necesarias con el presidente del Poder Judicial y los presidentes de las cortes superiores de los distritos judiciales, para que el juez ordene que se imponga vigilancia electrónica en lugar de prisión efectiva en casos de delitos leves. Todo ello con el objetivo de deshacinar los penales”, manifestó.
El titular del INPE subrayó que este mecanismo requiere un trabajo articulado entre diversas instituciones y que su aplicación contribuiría a optimizar la gestión penitenciaria. La medida también busca reducir costos operativos y facilitar procesos de reinserción social para internos con faltas menores.
Construcción de penales y reestructuración del sistema
Durante la sesión presidida por el congresista Alfredo Azurín (Somos Perú), Paredes detalló el avance en la construcción de nuevos penales. Precisó que el concurso para la edificación del penal de Arequipa ya comenzó y que la firma del contrato está prevista para el último trimestre del 2025.
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Además, informó sobre el proyecto del penal de Pucallpa, que contará con una inversión de 159 millones de soles, cuyo contrato se suscribirá en octubre de este año.
Uno de los anuncios más relevantes fue la implementación de un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao. “El Frontón será una cárcel para que los criminales más peligrosos del país no tengan ninguna opción de comunicación con el exterior ni posibilidades de fuga. Este es un tema de seguridad nacional y no de deshacinamiento”, puntualizó.
En cuanto a infraestructura complementaria, señaló que el Nuevo Local de Medio Libre Surquillo será inaugurado en el corto plazo, con instalaciones orientadas a la reinserción social de personas con penas limitativas de derechos.
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El titular del INPE también informó sobre el programa Cárceles Productivas, que actualmente involucra a 28,559 internos en talleres de producción y comercialización, distribuidos en 66 establecimientos penitenciarios. Asimismo, 16,954 reclusos están matriculados en programas educativos, que incluyen desde alfabetización hasta formación universitaria en convenio con la Universidad Continental.
Como parte de la reestructuración institucional, Paredes explicó que se dispuso el cambio de directores de penales y oficinas regionales. “Detectamos que los directores solo cambiaban de penal y se eternizaban en sus cargos, siendo ello un gran riesgo de corrupción. Ahora estamos respetando los clasificadores de cargos y que cumplan con el perfil correspondiente”, explicó.
Finalmente, remarcó la urgencia de aprobar la Ley de la Carrera Penitenciaria, presentada hace 15 años sin avances. “Hay agentes que ganan mil soles desde hace 20 años, además necesitan un seguro que cubra situaciones de atentado fuera del recinto penitenciario como producto de una venganza por su labor”, sostuvo.
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