Una visita con fines familiares terminó convertida en un intento de delito en el penal de varones de Socabaya, en Arequipa. Personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervino a Jennifer Apaza Mantilla, quien pretendía ingresar 148 chips de telefonía, tres celulares y cigarrillos escondidos en sus partes íntimas mientras acudía a ver a su cónyuge, identificado como Jesús David Quispe.
El hecho ocurrió durante el último fin de semana y fue detectado gracias a los controles de rutina que se realizan en el establecimiento penitenciario. De inmediato, se dio aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), que realizaron las actas correspondientes e iniciaron las diligencias de ley para determinar responsabilidades. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, ya que este tipo de conductas están tipificadas en el artículo 368-A del Código Penal.
Dos mujeres intervenidas en Arequipa por ingreso de objetos prohibidos al penal
El INPE informó que esta no fue la única intervención. En una segunda revisión, agentes penitenciarios descubrieron que otra visitante, identificada como Clarisa Mercedes Pacheco García, portaba un dispositivo USB entre sus pertenencias, el cual también fue decomisado antes de que lograra ingresar al recinto carcelario.
La institución recordó que el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los penales constituye un delito sancionado con penas de 4 a 6 años de prisión. En situaciones más graves, como el intento de ingresar armas, municiones o explosivos, las condenas pueden llegar hasta los 15 años de cárcel, según la normativa vigente.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, señaló que los agentes penitenciarios mantienen controles estrictos en los accesos y que estas acciones forman parte de la política institucional para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país. La detección de celulares, chips, memorias USB y otros artículos ilícitos busca evitar que estos objetos alteren el orden interno y sean utilizados en actividades delictivas desde el interior de los penales.
Celulares en penales: un problema que golpea a Arequipa y otras regiones del Perú
El reciente intento frustrado en el penal de varones de Socabaya, en Arequipa, es solo una muestra de un problema que se repite en diferentes cárceles del país. No se trata de un hecho aislado: en varias regiones se han registrado casos en los que visitantes, familiares o cómplices intentan introducir celulares, chips y cargadores utilizando todo tipo de métodos, desde escondites en partes íntimas hasta lanzamientos desde el exterior, drones e incluso encomiendas adulteradas.
Las autoridades saben que detrás de estos intentos hay algo más que simples visitas con objetos prohibidos. Gran parte de las extorsiones telefónicas en el Perú se originan en los penales, donde internos, en complicidad con redes criminales, buscan mantener comunicación con el exterior para seguir operando. Pese a la instalación de bloqueadores de señal y el incremento de operativos, los delincuentes no dejan de ingeniárselas para vulnerar la seguridad.
Tener un celular dentro de un penal no es un lujo para los internos, sino una herramienta clave para las mafias. Desde Arequipa y otras cárceles del país se han registrado llamadas extorsivas que atemorizan a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes, quienes reciben amenazas para que realicen depósitos de dinero bajo presión.
Por eso, expertos en seguridad recomiendan a la población no responder llamadas de números desconocidos y, en caso de recibir mensajes extorsivos, denunciar de inmediato a la Policía Nacional. A la par, insisten en que se debe seguir modernizando la infraestructura penitenciaria, con bloqueadores de última generación que eviten que los internos mantengan comunicación ilegal desde sus celdas.
El caso de Socabaya vuelve a poner en evidencia los desafíos del sistema penitenciario. Mientras las bandas criminales busquen mantener el control desde dentro, el INPE y la Policía tendrán que redoblar esfuerzos en revisiones, filtros y tecnología que permitan cerrarles el paso. El decomiso de 148 chips y tres celulares en Arequipa refleja, por un lado, la eficacia de los agentes que lograron impedir su ingreso, pero también la presión constante que enfrenta el Estado frente a la delincuencia organizada y las extorsiones que afectan a miles de peruanos.