Han pasado más de seis meses desde el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, un accidente que dejó seis muertos y más de 80 heridos el pasado 21 de febrero de 2025. El hecho, que marcó un antes y un después en la ciudad, no solo continúa bajo investigación fiscal, sino que ahora ha tenido un nuevo giro con el anuncio de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).
La comuna adelantó que iniciará el proceso para revocar el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) del centro comercial. Esta decisión, comunicada por el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, Richard Asmat, descarta definitivamente cualquier posibilidad de reapertura mientras duren las indagaciones y no se realicen mejoras estructurales en el recinto.
De acuerdo con lo informado, el municipio inspeccionó nuevamente las instalaciones del Real Plaza, luego de que el expediente original fuera incautado por el Ministerio Público como parte de las pesquisas. Con una copia de dicha documentación, los técnicos verificaron que “las condiciones de seguridad del establecimiento han cambiado radicalmente”, lo que llevó a dar inicio al procedimiento de anulación del certificado ITSE.
Proceso de revocatoria y plazos
El procedimiento establece que el centro comercial tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Sin embargo, el funcionario aclaró que el proceso administrativo continuará y que, en un plazo de 15 a 20 días, la revocatoria definitiva será elevada a la Gerencia Municipal y a la alcaldía para su aprobación.
La decisión también responde a la preocupación de los negocios situados en los alrededores, cuyos propietarios pidieron que el espacio se habilite temporalmente para realizar ferias y actividades comerciales. Sobre este punto, la MPT descartó de manera tajante dicha posibilidad. “El establecimiento presenta observaciones relacionadas con la infraestructura y debe cumplir con nuevos estándares de seguridad antes de volver a recibir público”, sostuvo Asmat.
El gerente explicó además que, tras la tragedia, la prioridad es garantizar que un hecho similar no vuelva a repetirse. En ese sentido, señaló que el mall necesita profundas mejoras estructurales y cumplir con exigencias técnicas mucho más estrictas que las aplicadas en la autorización inicial.
Por su parte, la empresa Real Plaza emitió un comunicado en el que reconoció que la revocatoria del ITSE “responde a lo previsto en la normativa” y aseguró que esta medida permitirá iniciar las gestiones para obtener un nuevo certificado, requisito indispensable para avanzar en los trámites de habilitación. Asimismo, precisó que este proceso administrativo es independiente de las investigaciones del Ministerio Público, con las que continuarán colaborando.
Multa de Indecopi y pérdidas millonarias para el grupo Intercorp
En agosto de este año, la Comisión de Indecopi en La Libertad sancionó a Real Plaza S.R.L., empresa de Intercorp a través de InRetail Perú, con una multa de 100 UIT (S/ 535.000) por incumplir las medidas cautelares dictadas tras la tragedia en Trujillo. Estas disposiciones incluían el cierre del local, la cobertura total de gastos médicos y funerarios de las víctimas, además de la presentación de un informe estructural avalado por el Colegio de Ingenieros del Perú y un plan de contingencia para el retiro de escombros.
La compañía intentó apelar la exigencia de reembolso directo a los afectados, pero el proceso fue elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor, que evaluará la validez del recurso. Mientras tanto, Indecopi mantuvo firme la sanción al señalar que la empresa no acreditó en tiempo y forma el cumplimiento de las exigencias, lo que derivó en la histórica multa coercitiva.
El impacto económico para el grupo empresarial también se reflejó en la Bolsa: tras el colapso del techo en febrero, el valor de mercado de InRetail Perú cayó un 11,5%, al pasar sus acciones de 30,5 a 26,9 dólares entre febrero y agosto de 2025. Esto significó una reducción de más de 380 millones de dólares en su capitalización bursátil y una crisis de confianza sobre la gestión de seguridad en los centros comerciales que administra el conglomerado.