Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó la toma de instalaciones en el campus universitario el miércoles 10 de septiembre, en rechazo a lo que describen como un proceso de privatización de la educación pública. La medida se tomó luego de la falta de acuerdos durante la Mesa de Diálogo Institucional celebrada el 26 de agosto. Los estudiantes explicaron que entregaron solicitudes formales a la administración, encabezada por la rectora Jerí Ramón, pero sostienen que no recibieron respuestas satisfactorias.
La protesta y el contexto inmediato
La manifestación, iniciada desde las dos de la tarde, involucró a alumnos de varias facultades que se congregaron para exigir atención a su pliego de demandas. La protesta transcurrió de forma pacífica, aunque quienes participaron optaron por cubrirse el rostro como medida de precaución ante posibles represalias administrativas.
Durante la tarde, la universidad permitió el retiro de docentes y el libre tránsito de estudiantes ajenos a la toma. La presencia de aproximadamente veinte agentes de la policía fue notoria en los exteriores, a fin de prevenir disturbios, en un entorno caldeado por la suspensión del examen de admisión 2026-I y el anuncio del paso a clases virtuales hasta el 15 de septiembre.
Exigencias principales de los estudiantes
La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) publicó un pliego de reclamos que recoge las exigencias mínimas, intermedias y máximas. Entre los pedidos más inmediatos figuran la anulación de modificaciones restrictivas en el reglamento de admisión 2026-1, la eliminación de cobros por segunda carrera y la mejora de la infraestructura universitaria.
En materia de bienestar, demandan aumentar la cantidad de raciones diarias en el Comedor Universitario a 700 desayunos, 2.600 almuerzos y 1.050 cenas, así como la descentralización de la emisión de tickets, la ampliación de horarios de atención y facilidades básicas como la apertura de baños y mejora de la plataforma digital.
Otra exigencia relevante es el desistimiento y archivamiento de procesos penales y administrativos contra dirigentes y estudiantes por su participación en actividades gremiales. También solicitan la atención a denuncias por violencia sexual, el aumento de lactarios y la destitución del jefe de la Oficina de Seguridad y Vigilancia, Edwin Michael Mendivil Jiménez.
Reclamos en admisión, costos y representación
El pliego presentado ante las autoridades incluye la eliminación del cobro por uso de laboratorios y la reducción de la tarifa del examen de admisión para postulantes de instituciones públicas y privadas. Además, se pide la recuperación del reglamento de matrícula anterior, la baja del costo por bachillerato al 50% y la eliminación del costo del carné universitario.
Los estudiantes insisten en la necesidad de contar con representación en comisiones clave del campus, como los cuerpos de instrucción y los tribunales que atienden casos de hostigamiento sexual. Otra demanda transversal es la democratización del uso de espacios como el gimnasio, estadio y auditorios universitarios.
Solicitudes de infraestructura y bienestar
Entre las exigencias máximas, los estudiantes solicitan la construcción de un tercer pabellón de residencia y un nuevo comedor en la puerta 7, así como un centro de salud mental autónomo y la creación de nuevas guarderías con espacios ampliados.
En paralelo, reclaman la fiscalización de la construcción de la residencia universitaria y guardería, junto con la aprobación de una segunda rectificación para el semestre 2025-11.
Desde la administración universitaria, se oficializó el traslado a clases virtuales con el argumento de realizar trabajos de mantenimiento en el campus. Sin embargo, para los estudiantes, la medida responde directamente a la toma de las instalaciones y a la falta de respuesta de Jerí Ramón a sus demandas.
“Después de esta medida, muchos estudiantes vamos a ser procesados solo por ser representantes estudiantiles”, expresó una de las voceras a Exitosa Radio, quien reiteró el pedido de archivar procedimientos disciplinarios y evitar acciones que los vinculen a actividades delictivas.
La movilización se mantiene vigente con la advertencia de continuar hasta lograr atención concreta de las autoridades universitarias.