El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo a la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca.
El pedido se da en el marco de una investigación que sigue el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho contra los periodistas y la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.
Para el CPP, la solicitud constituye una irregularidad y un abuso, pues advierten que “el levantamiento del secreto de las comunicaciones a periodistas —o incluso los pedidos para hacerlo— se está normalizando en el Perú”, lo que debilita las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo y amenaza la libertad de expresión.
El origen del caso: declaraciones de Miguel Girao
La investigación se origina en las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides e investigado en el caso Valkiria.
Según su testimonio, la fiscal Marita Barreto habría pedido a los periodistas difundir informaciones negativas sobre la fiscal superior Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.
Sin embargo, tanto Cruz como Prado negaron tajantemente la acusación. Más aún, el propio Girao reconoció posteriormente que no observó ningún acto ilícito, debilitando la hipótesis fiscal y dejando en evidencia la fragilidad del sustento de la investigación.
Qué implica la medida
El CPP remarcó que que un fiscal solicite una publicación a un periodista no constituye un delito, ya que el periodista no tiene control sobre lo que su interlocutor dice.
En el escenario más extremo, aceptar un pedido de esa naturaleza podría considerarse una grave falta ética, pero nunca un motivo para vulnerar derechos fundamentales. “En ningún caso ameritaría una medida como esta”, señaló el gremio en su pronunciamiento.
Riesgos para el periodismo
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció sobre el caso, señalando que su posición no busca generar impunidad para los periodistas frente a pesquisas legales, sino garantizar que la labor informativa cuente con las protecciones necesarias frente a medidas arbitrarias.
La organización enfatizó que levantar el secreto de las comunicaciones afecta directamente la confidencialidad de las fuentes, considerada el pilar fundamental del periodismo de investigación y una herramienta clave para destapar casos de corrupción y abuso de poder.
Una tendencia preocupante de persecución
El CPP advirtió que el levantamiento del secreto de las comunicaciones, así como la inclusión forzada de periodistas en procesos judiciales sin sustento sólido, forman parte de una tendencia cada vez más preocupante en el Perú.
“El levantamiento del secreto de comunicaciones a periodistas —o pedidos para hacerlo— se está normalizando en el país. Involucrarlos forzadamente en caprichosas investigaciones huele más a venganza y persecución que a la búsqueda de justicia”, advirtió el gremio en su pronunciamiento.
Organizaciones periodísticas coinciden en que este tipo de medidas no solo afectan a los periodistas señalados, sino que generan un efecto amedrentador sobre la prensa independiente, debilitando la capacidad de fiscalización de los medios y, en última instancia, la calidad de la democracia.