La Policía Nacional (PNP) reconoció este viernes el hackeo sufrido por la base de datos de su Dirección de Inteligencia (Dirin), luego de la difusión masiva de documentos confidenciales en un canal público de Telegram. La filtración, denominada ‘Dirin Leaks’, expuso información sensible, incluyendo detalles de agentes encubiertos, planes de seguridad y reportes clasificados.
En un comunicado oficial, la institución indicó que “el 4 de setiembre, personal de la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia alertó sobre una posible vulneración de los servidores gestionados por esa Dirección”.
Añadió que activó un plan de contingencia que contempló la suspensión de servicios y la coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para proteger la infraestructura afectada.
Además, informó que la Dirección de Ciberdelincuencia inició las investigaciones con el propósito de “perseguir el delito cibernético y lograr la identificación y posterior captura del o los posibles autores” y aseguró que la Dirin trabaja para “garantizar la seguridad de todos los agentes de inteligencia del sistema, la ciberseguridad de la información y la protección de los activos críticos”.
La filtración fue reivindicada por el grupo hacker Deface Perú, el cual advirtió que no pretende destruir, sino “evidenciar las debilidades del Estado” y criticó la inversión estatal en seguridad: “Gastaron 7 millones en un datacenter inútil mientras su ‘ciberseguridad’ ve tutoriales en YouTube. Nos investigaban. Hoy los tumbamos”.
La gravedad del caso fue resaltada por el congresista Diego Bazán, quien señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que “las organizaciones criminales incluso tuvieron acceso a los registros de los agentes encubiertos de inteligencia y a las investigaciones que se estaban realizando”. El legislador cuestionó al ministro del Interior, Carlos Malaver, a quien invocó a dimitir: “Si eso sucede con nuestra inteligencia, ¿cómo defendemos a nuestros ciudadanos?”, cuestionó.
Una revisión de los archivos filtrados, realizada por La Encerrona, reveló que estos contienen planes de protección para la presidenta Dina Boluarte, exmandatarios como Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Manuel Merino y Pedro Castillo, así como listados de agentes de contrainteligencia con nombres y asignaciones, lo que pone en peligro a quienes participan en operaciones contra el crimen organizado y remanentes terroristas.
El portal periodístico señaló que la transmisión en la que se informaba detalladamente sobre el ciberataque fue eliminada de su plataforma de YouTube, por lo que tuvo que volver a subirla.
El colectivo Deface Perú advirtió que su próximo objetivo será la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y afirmó que si un par de individuos con tiempo y conocimientos lograron esto, imaginen lo que harían quienes realmente buscan causar daño. “Inviertan mejor, capaciten mejor, protejan mejor”, ironizaron.
Este grupo ya había atacado previamente a entidades locales y extranjeras, pero esta vez su acción pone en jaque a la estructura de inteligencia policial del país. La legisladora Ruth Luque consideró que la nación enfrenta “la precariedad e incapacidad” del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y “sus bancadas oficialistas que la sostienen”.
“Sistemas de la Dirección de Inteligencia hackeados, personas amenazadas y amedrentadas por este gobierno, en Trujillo detonan bombas, la extorsión y asesinatos a las personas se han normalizado”, expresó en su cuenta de X.
“Respuestas indolentes”
El coronel en retiro y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, consideró que el comunicado de la PNP sobre el ciberataque contiene “respuestas indolentes”.
“No es ni ligero ni imaginativo lo que mi familia y yo venimos recibiendo: son amenazas reales. Es comprensible sentir temor cuando sospechas que tu propia institución podría estar siguiéndote, quizá por encargo de investigados por corrupción”, señaló en un pronunciamiento después de exponer las intimidaciones que recibe.
“No busco desacreditar a la Policía, sino evidenciar que algunos altos mandos incluso podrían usar recursos y efectivos policiales para actuar de forma tendenciosa y malintencionada en favor de sus intereses”, zanjó.