El Poder Judicial rechazó la recusación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el juez supremo Juan Carlos Checkley, con el buscaba que este se aparte de los casos contra el hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Espinoza argumentó que la imparcialidad de Checkley como juez supremo de investigación preparatoria estaría en duda porque los abogados que lo representan a él en una investigación y los que defienden a Santiváñez son de la misma firma: el Estudio Caro & Asociados.
También se cuestionó que Checkley, al momento de rechazar el impedimento de salida del país, no consideró que el entonces ministro del Interior había sido censurado por el Congreso, con lo que ya no contaba con arraigo laboral.
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No obstante, la Sala Suprema Penal Permanente rechazó estos argumentos. Básicamente porque el hecho de que los abogados del juez y el hoy ministro sean del Estadio Caro & Asociados ya fue evaluado y desestimado cuando el propio magistrado intentó inhibirse.
Respecto a que el juez Juan Carlos Checkley no consideró la censura al resolver el pedido de impedimento de salida, los jueces supremos recuerdan que, si bien el hecho fue público, no formó parte de los argumentos expuestos en la audiencia misma por lo que el magistrado "no podría haber incorporado un dato nuevo ajeno al debate efectuado”.
“No se quebrantó la garantía de ser juzgado por un juez imparcial, más aún si, procesalmente, el magistrado recusado no será el juez de juicio. Así, valorando las consideraciones precedentes, la recusación —en los términos en que se encuentra planteada— deviene en infundada por la falta de argumentos que sustenten la causal invocada y por la carencia de prueba idónea”, se lee en la resolución.
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De esta forma, el juez Juan Carlos Checkley seguirá evaluando en primera instancia los pedidos que formule el Ministerio Público en las investigaciones contra el ministro Juan José Santiváñez, incluido un posible allanamiento por el caso Ícaro.
No se descarta allanamiento a Juan José Santiváñez
El fiscal adjunto supremo Mirko Cano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Anticorrupción, no descartó que en su momento se requiera un allanamiento a las viviendas del ministro Juan José Santiváñez por el caso Ícaro.
“Claro que puede ocurrir si es que existe un hecho imputado. Es hipotético. Definitivamente ahorita no. Lo que tenemos que trabajar es justamente con el caso, si lo vincularía al señor ministro, nosotros tenemos que dar cuenta sustentada a la Fiscalía de la Nación para que se aperture la investigación. Nosotros nos mantenemos con nuestra investigación de los no aforados”, declaró Cano en entrevista con Canal N.
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El fiscal precisó que la eventual solicitud de allanamiento tendría que ser formulado por el despacho de la Fiscalía de la Nación ya que los hechos que habría cometido Santiváñez ocurrieron cuando era ministro del Interior.
Por ejemplo, Santiváñez habría ordenado que se modifiquen los términos de referencia en la Defensoría del Policía para beneficiar a su excliente y expolicía Percy Tenorio. También habría exigido un soborno de 20 mil dólares para no pasar al retiro a un general PNP y movido influencias para beneficiar a la Mina El Dorado.