En la Catedral de Huánuco se vivió una jornada cargada de simbolismo y memoria. Este 28 de agosto, los restos óseos de siete víctimas de la violencia política que azotó la región entre los años 1983 y 1994 fueron restituidos a sus familiares en una emotiva ceremonia acompañada por autoridades locales, representantes de instituciones y ciudadanos que se acercaron a rendir homenaje.
Las víctimas, cuyos nombres fueron leídos uno a uno frente a los asistentes, desaparecieron en distintas localidades de la selva huanuqueña en el periodo más crítico del conflicto armado interno. La restitución forma parte del trabajo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que desde 2019 ha logrado devolver los restos de 67 personas en la región, un proceso que sigue en marcha y que continúa siendo un desafío frente a la magnitud de los casos aún pendientes.
Los restos entregados corresponden a Graciano Teoteo Modesto Ortiz, Clemente Valdez Noreña, Manuel Huaranga Chamorro, Lucio Meneses Rodríguez, Cerilo Tebes Laberiano, Fausto Eugenio Gomero y Policarpo Eugenio Trinidad. De acuerdo con las investigaciones, Ortiz fue asesinado en 1983 en Pucayacu y enterrado en un monte; Valdez Noreña fue ejecutado por Sendero Luminoso en 1986 en Castillo Grande; y Huaranga Chamorro fue detenido y asesinado en 1994 tras ser interceptado en la zona de Chontayacu.
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Restitución de restos en Huánuco: quiénes fueron las víctimas
Según informó Rosalía Storck Salazar, coordinadora regional de la Dirección General de Búsqueda, los restos provenían de comunidades como Chontayacu, Castillo Grande, Cachicoto y Sachavaca. La funcionaria detalló que, además de estas siete víctimas directas, se incluyó en la entrega los restos de un familiar que falleció posteriormente y fue enterrado de manera informal en una chacra.
La magnitud de las desapariciones sigue siendo alarmante. Solo en Huánuco, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas consigna casi 3000 nombres, mientras que el Ministerio Público estima que aún existen más de 1000 víctimas sin localizar. El proceso de identificación puede extenderse entre seis meses y un año, debido a que el equipo forense principal opera desde Ayacucho y atiende casos de diferentes regiones del país.
La labor de restitución es resultado de un trabajo interinstitucional que involucra a la Fiscalía de Derechos Humanos, la Cruz Roja, equipos forenses especializados y el Ministerio de Salud, que brinda soporte psicosocial a los familiares. Este acompañamiento busca aliviar, en parte, el largo sufrimiento de quienes esperan respuestas desde hace décadas.
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Las investigaciones continúan y nuevas búsquedas se encuentran en marcha. Las autoridades han reiterado su compromiso de seguir avanzando en la localización y entrega de restos para que más familias puedan cerrar un capítulo de dolor y dar sepultura digna a sus seres queridos.
Cómo se localizan e identifican los restos de desaparecidos en el Perú
Actualmente, en el país se calcula que más de 19 mil familias continúan a la espera de encontrar a sus seres queridos desaparecidos entre 1980 y 2000. El proceso de búsqueda de víctimas de la violencia política inicia con una investigación preliminar a cargo del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esta primera etapa, los especialistas revisan informes históricos, como el documento final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, además de archivos policiales y reportes de entidades como la Defensoría del Pueblo. Con esta información se reconstruyen los hechos y se determinan posibles zonas donde podrían encontrarse restos humanos.
Posteriormente, un equipo conformado por antropólogos sociales, arqueólogos, historiadores y forenses se desplaza a las comunidades señaladas. Allí se recogen testimonios de pobladores y se realizan observaciones de campo para identificar sitios de entierro clandestinos. Los hallazgos se registran en un documento denominado “informe humanitario”, que es presentado al Ministerio Público, entidad que autoriza la siguiente fase: la exhumación de las fosas y el análisis de los restos.
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Una vez concluidas las pruebas científicas y se confirma la identidad de las víctimas, los cuerpos son restituidos a sus familias en ceremonias organizadas con apoyo logístico y emocional. La Ley N° 30470, aprobada en 2016, garantiza que los deudos reciban acompañamiento psicosocial y apoyo material en todas las etapas del proceso, desde la investigación inicial hasta la entrega final.