Durante su visita a la región Apurímac para inaugurar una plaza pública, la presidenta Dina Boluarte defendió la orientación de su gestión y rechazó las protestas y cuestionamientos a su mandato surgidos desde fines de 2022. El evento, que congregó a autoridades locales y pobladores, sirvió como plataforma para que la mandataria reiterara su discurso centrado en su supuesta consolidación de la democracia, el orden y la estabilidad institucional, aunque evitó responder directamente a las críticas sobre demandas sociales pendientes y el manejo de la protesta social.
Boluarte se pronunció abiertamente contra sectores a los que calificó de “ideas mezquinas” y acusó de obstruir el desarrollo nacional y regional. “No vamos a caer en la provocación de aquellas ideas mezquinas que quieran obstruir el desarrollo de la patria. Nosotros escuchamos la voz del pueblo, la voz de nuestros alcaldes, de nuestras alcaldesas, de nuestros gobernadores, de las mujeres organizadas. Esa es la voz que escuchamos para seguir avanzando”, afirmó, en alusión a opositores y analistas que denuncian falta de diálogo real con las organizaciones sociales y sindicales más críticas de su administración.
Manifestaciones de 2022
La presidenta aludió a los enfrentamientos y manifestaciones ocurridas a partir de diciembre de 2022, minimizando su impacto y asociando el período a “quinientas manifestaciones violentas” incitadas por lo que calificó de golpistas y actores motivados por intereses ajenos al bienestar nacional. “No solamente la presidenta Boluarte se puso valiente aquel 7 de diciembre y en adelante a haber trabajado de manera unida con los que sí amamos la patria frente a esa asolada golpista... ese espacio negro en la historia no debemos repetirlo”, remarcó y evitó profundizar sobre las denuncias por el uso excesivo de la fuerza pública y las víctimas producto de la represión.
Boluarte también llamó a no caer en lo que para ella es “provocación de violencia” y aseguró que el rumbo correcto para la región y el país es la apuesta por candidatos que promuevan la Constitución y el Estado de derecho. “Ya estamos próximos a las elecciones. A aquellos que han impulsado violencia en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, a ellos hay que cerrarles la puerta, porque ellos no aman la patria, ellos aman la anarquía”, sostuvo, sin señalar mecanismos concretos para impedir nuevas crisis políticas o garantizar canales de participación amplia y plural.
Candidato ideal para Dina Boluarte
La presidenta también relacionó los episodios de violencia social con influencias del extranjero, una narrativa que reproduce la retórica oficial de que las protestas tienen respaldo foráneo, aunque hasta la fecha no se han presentado pruebas contundentes ante organismos de fiscalización o la opinión pública. En ese marco, invitó a la ciudadanía de Apurímac a apostar por “candidatos que hagan respetar la constitución, que apuesten por la democracia, por el estado de derecho y no den un salto al vacío con estados fallidos”.
Boluarte insistió en que su gestión escucha únicamente a las autoridades elegidas y a “mujeres organizadas”, excluyendo en su mensaje explícito a los colectivos críticos, sindicatos y comunidades que han protestado en múltiples regiones durante los últimos meses. En el plano económico y social, se limitó a señalar la importancia de consolidar la economía nacional y generar más empleo, especialmente para los sectores vulnerables, pero sin dar anuncios concretos sobre políticas de inversión pública, educación o salud en la región. Mencionó únicamente que la apuesta debe centrarse en “más trabajo para nuestras mujeres y hombres vulnerables”.
La presencia de Boluarte en Apurímac se da en el contexto de una baja aprobación ciudadana y en medio de críticas por el limitado avance en la reducción de brechas sociales y la falta de reformas estructurales. Aunque el llamado presidencial a la unidad y la estabilidad enfatizó el rechazo a la violencia y la defensa de la democracia, persisten cuestionamientos sobre la gestión gubernamental y la apertura real al diálogo con todos los actores sociales, más allá de los alineados con la administración central.