El Gobierno peruano aprobó la solicitud de extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, considerado el criminal más buscado del país. La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 169-2025-JUS, firmada por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
El pedido fue formulado por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y busca que Moreno, detenido en Paraguay, sea trasladado al Perú para cumplir la condena por robo agravado en agravio de Augusto Carbajal Cerna.
La decisión se sustenta en el Tratado de Extradición entre Perú y Paraguay, vigente desde 2005, y en la resolución consultiva de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que declaró procedente el trámite.
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¿Quién es ‘El Monstruo’?
Erick Moreno Hernández saltó a la lista de los delincuentes más peligrosos tras acumular denuncias y condenas por secuestro, homicidio, sicariato, microcomercialización de drogas y delitos contra la libertad. En 2023, la Octava Sala Superior Penal de Lima lo condenó a 32 años de prisión por secuestro y robo agravado.
Se le sindica como líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, estructura delictiva que opera en Lima Norte y que ha sido vinculada a extorsiones en mercados, asesinatos por encargo y tráfico de armas.
En junio de 2025, el Ministerio del Interior duplicó la recompensa por su captura, elevándola a S/ 1 millón, el monto más alto registrado en el programa “Los más buscados”.
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Operaciones desde la clandestinidad
Pese a su condición de prófugo, 'El Monstruo’ se ha burlado en diversas ocasiones de las autoridades. En un video difundido desde la selva de Brasil, envió un mensaje desafiante a la Policía Nacional:
“Para esa gente que anda diciendo, les habla ‘El Monstruo’ de Comas. Nunca podrán conmigo, inútiles”.
De acuerdo con información de inteligencia, Moreno se ocultaría en la zona de Mato Grosso, en Brasil, aprovechando la densa selva para evadir a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la extradición desde Paraguay abre un nuevo escenario judicial y político para asegurar su retorno al país.
La huella violenta de ‘Los Injertos del Norte’
El accionar de la organización criminal quedó expuesto la madrugada del 12 de agosto de 2025, cuando Julio Robert Sánchez, vigilante del mercado Valle Chillón en Carabayllo, fue asesinado a balazos.
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Las investigaciones de la División contra el Crimen Organizado establecieron que la orden partió de Erick Moreno desde el extranjero. Para ejecutarla, recurrió a su red de colaboradores armados, entre ellos Juan Carlos Aguirre Puma (“Chiki”) y Paolo Yosimar Ramírez Bernal (“Piraña”), responsables de la logística del ataque.
El grupo criminal contaba además con el apoyo de Giorgi Araujo, exsuboficial de la Policía, quien facilitaba mantenimiento de armas y asesoría técnica. El arsenal de la organización incluía fusiles de guerra, pistolas con silenciadores y explosivos.
Familiares implicados y prisión preventiva
En paralelo, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste solicitó 36 meses de prisión preventiva contra 27 presuntos integrantes de la banda, incluyendo a la madre de Erick Moreno, Martina Hernández de la Cruz, y a su pareja sentimental, Liseth Albina Ruiz Cruz.
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La tesis fiscal sostiene que la red criminal operaba como un clan familiar con ramificaciones en extorsión, tráfico de drogas y sicariato, extendiendo su dominio en mercados y locales de Lima Norte.
El camino judicial de la extradición
La Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas recomendó acceder al pedido de extradición, destacando que el caso cumple con las disposiciones constitucionales y con el tratado bilateral con Paraguay.
La aprobación del Ejecutivo representa un paso clave para que 'El Monstruo’ cumpla su condena en el Perú. Ahora, corresponde a las autoridades paraguayas evaluar y ejecutar el traslado.
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Es así como el caso de Erick Moreno pone nuevamente en debate la capacidad del Estado para enfrentar a estructuras criminales complejas que trascienden las fronteras.