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Siguen los asesinatos en La Libertad: sicarios acribillan a hombre cerca a un colegio

La Policía Nacional informó que se detuvo a un ciudadano extranjero como el principal sospechoso del crimen

Un hombre de aproximadamente 27 años de edad perdió la vida en Trujillo tras recibir varios impactos de bala | Foto: PNP

Un hombre identificado como Alejandro Jair Mendoza Falconi, de 27 años, fue asesinado a balazos la tarde del lunes 18 de agosto en la intersección de las calles 17 de Agosto y 21 de Octubre, en el distrito trujillano de Florencia de Mora, región La Libertad. El ataque ocurrió a escasos metros del colegio San Patricio, mientras la víctima permanecía cerca de su pareja, lo que generó escenas de pánico entre transeúntes y vecinos.

De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos armados abrieron fuego contra Mendoza Falconi y le dispararon directamente al cráneo, causándole la muerte en el acto. Personal especializado de Criminalística halló en la escena al menos nueve casquillos de bala, un indicio de la violencia con la que se perpetró el ataque.

La PNP informó que, tras el crimen, se logró detener a un hombre de nacionalidad extranjera, aún en proceso de identificación, quien sería acusado de ser el responsable material del hecho. La primera hipótesis policial apunta a un ajuste de cuentas, aunque los agentes no descartan otras motivaciones en el marco de la investigación.

El asesinato conmocionó a los habitantes de Florencia de Mora, quienes han manifestado preocupación por el aumento de la violencia en el distrito y exigen mayor presencia policial. La investigación continúa a cargo de las autoridades, mientras la ciudadanía demanda acciones concretas para enfrentar la inseguridad.

Inseguridad en La Libertad

El gobernador de la Libertad justifica viajes al extranjero en medio de crisis de inseguridad que atraviesa su región. (Foto: Infobae Perú/Panorama/Canal N)

La región La Libertad enfrenta su periodo de mayor inseguridad en los últimos seis años, bajo la administración del gobernador César Acuña. Según cifras oficiales, las denuncias por extorsión por cada 100.000 habitantes se cuadruplicaron entre 2019 y 2024, alcanzando la mayor incidencia a nivel nacional. El 88,7% de la población percibe un clima de inseguridad, el registro más alto entre las regiones del norte, agravado por una reducción del 33% en el presupuesto destinado a orden público y seguridad respecto al año anterior.

Durante el primer semestre de 2024, la tasa de victimización se ubicó en 24,6%, solo superada por Piura en la zona norte, mientras el pesimismo sobre la criminalidad aumentó: casi 9 de cada 10 liberteños cree que la situación empeorará en los próximos meses. El impacto de la violencia y el crecimiento de las economías ilegales inciden en los costos de vida, reducen la confianza empresarial y frenan el desarrollo regional.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asignó a La Libertad solo 242 agentes por cada 100.000 habitantes, cifra notablemente inferior al promedio nacional de 397. La falta de recursos y equipamiento limita la respuesta en un contexto donde el estado de emergencia, vigente en dos provincias desde febrero de 2024, no ha logrado revertir la tendencia de crecimiento delictivo. La tasa de homicidios alcanzó 10 por cada 100.000 habitantes, solo superada por Madre de Dios y Tumbes.

Frente a los cuestionamientos sobre su rol, César Acuña afirmó que la seguridad es responsabilidad directa de la policía y el Ministerio del Interior, delimitando la labor del Gobierno Regional a la coordinación. No obstante, especialistas y voces ciudadanas insisten en la necesidad de liderar acciones articuladas que incluyan inversión en patrullaje, infraestructura y tecnología para la represión de bandas criminales que operan en Trujillo y otros distritos.

A pesar de los compromisos asumidos, la región solo destinó S/ 32,5 millones en 2024 para vehículos de patrullaje, lejos de los S/ 150 millones ofrecidos en el plan de gobierno, y apenas el 68% de las comisarías cuentan con computadoras. En este escenario, organizaciones sociales reclaman un plan integral y presencia efectiva de las autoridades para afrontar la crisis de seguridad.

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