Amnistía Internacional (AI) expresó su rechazo a la ley de amnistía firmada por la presidenta Dina Boluarte, que beneficia a militares y policías procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La entidad advirtió que esta medida “premia con impunidad a responsables de violaciones a los derechos humanos”, según consta en un comunicado oficial.
El organismo sostuvo que la norma, que permite la liberación de personas mayores de 70 años que tengan sentencias firmes o pendientes de ejecución, así como a denunciados, investigados o procesados sin sentencia definitiva, “viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente”. Según cálculos de AI, la implementación de la ley puede impactar en al menos 156 casos con sentencia firme y facilitar que “responsables por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos puedan recuperar su libertad”.
Amnistía Internacional advirtió que cancelar investigaciones y juicios abiertos transmite un mensaje de indiferencia e impunidad hacia las víctimas y sus familias, “que llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación”, advierte el comunicado difundido".
Uno de los casos emblemáticos que ingresan bajo el alcance de la norma es la matanza de Putis, registrada en la región andina de Ayacucho en 1984. Según recordó la organización, allí “123 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, fueron asesinadas por el Ejército tras forzarles a cavar su propia fosa común bajo el engaño de que iban a construir una piscigranja”.
La entidad remarcó que “el derecho internacional y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000”. Además, señaló que observa un avance de prácticas autoritarias y de impunidad en el país mediante normas que debilitan el espacio cívico, limitan el acceso a la justicia y promueven el incumplimiento de compromisos internacionales.
“Reiteramos a las autoridades peruanas su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos”, manifestó.
Desacato a la Corte IDH
El debate en torno a la ley de amnistía alcanzó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que rechazó la medida cuando fue promulgada desoyendo una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual había dado instrucciones al Ejecutivo de suspender el trámite normativo tras su aprobación inicial en el Congreso en junio pasado.
A pesar de la advertencia de la Corte IDH, la presidenta calificó el requerimiento de “injerencia en la soberanía nacional” y firmó la ley en el Palacio de Gobierno durante una ceremonia a la que asistieron militares y policías retirados, algunos de ellos procesados o sentenciados por violaciones a los derechos fundamentales.
Cabe mencionar que el conflicto armado interno peruano figura entre los periodos más violentos de la historia nacional, con un saldo de aproximadamente 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Aquel enfrentamiento fue provocado por Sendero Luminoso y el MRTA mediante acciones armadas, a las que las fuerzas de seguridad respondieron con episodios de extrema crueldad hacia la población civil, generando casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.