La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva carpeta fiscal. La Fiscalía de Lavado de Activos ha iniciado una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, vinculado a su campaña electoral de 2021, cuando integró la plancha presidencial de Pedro Castillo.
Según la tesis del Ministerio Público, Boluarte Zegarra habría recibido S/150 mil del empresario Eduvigis Beltrán. En el documento al que accedió Panorama, se indica que el 19 de mayo de 2021 se llevó a cabo una reunión entre la actual mandataria, Beltrán, Rosario Milagros Sánchez y Marcela Saldarriaga, quien fue asistente de Boluarte durante la campaña.
En dicho encuentro se habría acordado que Eduvigis Beltrán entregue los S/150 mil para financiar una “batucada” que acompañaba a la entonces candidata en sus actividades proselitistas. El desembolso del dinero, según la investigación, se realizó entre el 19 al 26 de mayo. La entrega se coordinó durante un almuerzo en el restaurante El Hornero.
Aun la Fiscalía no determinó si Dina Boluarte recibió el aporte directamente o fue a través de un intermediario.
Cabe precisar que el empresario ha negado haber entregado dicha suma de dinero a la campaña de Boluarte. Sin embargo, ahora también enfrenta una investigación fiscal.
A diferencia de otras denuncias, esta carpeta no requiere el visto bueno del Congreso, ya que Boluarte no está siendo investigada como “aforada”. Los hechos atribuidos ocurrieron antes de que asumiera la presidencia de la República, por lo que, en este caso, no podrá ser blindada.
¿Cuál es el origen de la investigación contra Dina Boluarte?
Esta nueva investigación preliminar contra la mandataria Dina Boluarte representa una ampliación de una carpeta fiscal por presunto lavado de activos que ya se encontraba en curso.
En marzo de 2023, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos decidió extender las indagaciones que involucran a Boluarte, al exasesor Henry Shimabukuro y al expresidente Pedro Castillo. A los tres se les investiga por presuntos delitos de lavado de activos, financiamiento prohibido de organizaciones políticas y pertenencia a una organización criminal.
De acuerdo con una disposición fiscal fechada el 19 de enero de 2023, se sospecha que Boluarte habría realizado una serie de “operaciones sospechosas” con el objetivo de recaudar fondos de procedencia ilícita y financiar de forma irregular su campaña política con el partido Perú Libre, cuando Pedro Castillo era candidato a la presidencia.
La situación legal de la jefa de Estado se complicó aún más tras las declaraciones de su exasistente Maritza Sánchez, quien afirmó que Shimabukuro —investigado por haber sido un asesor en la sombra de Castillo— y otros empresarios habrían entregado aportes económicos no declarados a favor de la campaña electoral de Perú Libre en 2021.
En respuesta, la mandataria expresó su respaldo a las acciones del Ministerio Público y exhortó a quienes han hecho declaraciones en medios de comunicación, en alusión a Shimabukuro, a sustentar sus acusaciones con pruebas y a colaborar con la justicia.
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, Boluarte señaló: “Las investigaciones harán que las personas que vienen declarando en los medios de comunicación respondan con la verdad, entreguen las pruebas y señalen quiénes y cómo recibieron supuestos aportes y cómo estos fueron administrados”.
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