
En un nuevo golpe contra el crimen organizado, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló tres bandas dedicadas a la extorsión en la región La Libertad. Las organizaciones criminales empleaban armas, explosivos y hasta menores de edad para amenazar a empresarios y comerciantes locales.
Las intervenciones se realizaron en menos de 24 horas en diferentes zonas de Trujillo y distritos aledaños. Los operativos permitieron capturar a miembros clave de estas organizaciones, decomisar armamento ilegal, droga y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.
Las bandas desarticuladas fueron identificadas como ‘Los Chicos Malos de Trujillo’, ‘Los Bombas del Alto’ y ‘Los Terribles del Molino’. Todas tenían operaciones activas al momento de las intervenciones. En algunos casos, se confirmó la participación de adolescentes que integraban directamente las filas criminales.
Pegaban stickers extorsivos a sus víctimas
Uno de los casos más relevantes ocurrió en Trujillo, donde agentes de la Depincri Trujillo Este, con apoyo del equipo especial Grecco, capturaron en flagrancia delictiva a tres integrantes de la organización criminal ‘Los Chicos Malos de Trujillo’.
Los detenidos fueron identificados como Anthony Eduard Rodríguez Narro (30), alias “Montana”; Wilmer Alexander Arias Graterol (36), alias “Coyote”; y Guillian Nadir Peralta Lalupu (28), alias “Alaraca”. Los tres estarían implicados en extorsiones a empresarios locales, a quienes amenazaban con explosivos y mensajes escritos.
Los agentes incautaron dos pistolas Glock abastecidas, 30 cartuchos de 9 milímetros y otros de diversos calibres, además de 40 gramos de una sustancia blanquecina, presuntamente clorhidrato de cocaína. También se encontraron seis fulminantes de explosivos, 84 stickers con mensajes extorsivos y S/ 2000 en efectivo.

Según el informe policial, los delincuentes colocaban los stickers en las fachadas de los negocios para intimidar a las víctimas. Exigían pagos bajo amenazas de atentar contra la vida de los propietarios o destruir sus locales con explosivos.
En otro punto de la ciudad, en el distrito de Laredo, efectivos de la comisaría de Sánchez Carrión y personal de inteligencia intervinieron a tres sujetos pertenecientes a la red criminal ‘Los Bombas del Alto’. Estos estarían involucrados en amenazas a empresas de transporte público que operan en la zona.
‘Los Terribles del Molino’ estaba conformada por menores de edad
Una tercera intervención permitió la captura de miembros de la banda ‘Los Terribles del Molino’. En este caso, se descubrió que la organización criminal estaba conformada por dos menores de edad. Ambos fueron retenidos por su presunta participación en delitos contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas.
La policía los intervino en el distrito de El Porvenir, Trujillo, donde también se incautaron dos armas de fuego: un revólver Smith and Wesson y una escopeta hechiza tipo “trampera”. También se confiscó una mototaxi sin placas, usada aparentemente para facilitar sus desplazamientos durante las amenazas y cobros.
Fuentes policiales indicaron que los adolescentes cumplían funciones clave en la estructura delictiva, como la vigilancia de las víctimas, entrega de notas amenazantes y transporte de armas de fuego. Los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia.
En total, la PNP informó que en las últimas 24 horas se desarticularon 43 bandas a nivel nacional. También se logró la captura de 787 personas por delitos en flagrancia y la detención de 267 ciudadanos con requisitorias vigentes.
El futuro de los menores detenidos según las recientes reformas legales
La participación de adolescentes en actividades criminales ha cobrado mayor relevancia desde la entrada en vigencia de la Ley 32330, aprobada en mayo de este año. Esta norma permite imputar penalmente a menores de 16 y 17 años por delitos graves, como sicariato y extorsión.

Con esta ley, los adolescentes que cometan delitos como los mencionados podrían enfrentar penas similares a las de un adulto. En casos como el de ‘Los Terribles del Molino’, las autoridades evalúan si corresponde aplicar esta legislación.
Organismos como UNICEF, el Poder Judicial y el Ministerio Público han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos de la norma. Advierten que los menores pueden quedar más expuestos a la violencia dentro del sistema penal, y que la ley no garantiza procesos de rehabilitación efectivos.
Además, sigue vigente la Ley 32336, que impone penas severas —incluso cadena perpetua— a quienes recluten menores de edad para actividades delictivas. Con esta herramienta legal, las autoridades buscan castigar con mayor dureza a los líderes criminales que involucren adolescentes en sus operaciones.
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