El sistema tributario no es un simple mecanismo de cobro de impuestos: es la columna vertebral del financiamiento de todo aquello que el Estado provee para el beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, en el Perú nos hemos resignado a sostenerlo con alfileres. Hoy, según cifras del BCRP, el sistema apenas recauda alrededor de 14.0% del PBI. Esta cifra puede parecer grande – cerca de S/160 mil millones en 2024—, pero sigue dejando al país rezagado, tanto frente a nuestros propios registros históricos como respecto a los países de la región. Chile, Argentina y Brasil nos superan holgadamente con presiones tributarias cercanas al 20.0% del PBI.
¿Por qué no avanzamos? En parte porque, durante más de medio siglo, la recaudación como porcentaje del PBI se ha movido muy poco, pese a la implementación de reformas estructurales a la economía y a la presencia de periodos favorables como el boom de los commodities. El resultado es un sistema que no garantiza los ingresos suficientes para financiar una adecuada provisión de servicios públicos.
Uno de los principales desafíos viene del diseño de los regímenes de renta empresarial. En el Perú convivimos entre cuatro de ellos: un régimen general y tres regímenes “especiales” (RUS, RER, MYPE Tributario) que, en lugar de promover el crecimiento, fomentan la fragmentación y la baja productividad. Así, según cifras de Produce, un puñado de 14 mil empresas grandes (el 1% del total) termina aportando casi 90 de cada 100 soles del impuesto a la renta empresarial. Una distorsión pendiente de corregir.
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El otro gran desafío, aunque más estructural, es la elevada informalidad. Hoy, 80% de las empresas y más del 70% de los trabajadores permanecen fuera del radar de la formalidad. Con ello, la productividad se resiente, la capacidad de recaudar se reduce, y la informalidad misma se perpetúa. ¿Cuál es el resultado? La Sunat estima que el nivel de incumplimiento tributario promedia 9.0% del PBI cada año —equivalente a S/99 mil millones—, un saldo que nos permitiría posicionarnos por encima de Chile, Argentina y Brasil en materia de recaudación, en caso de realizar los esfuerzos por recuperarlos.
Pero la historia no acaba allí. Las autoridades se esfuerzan en complicar esta situación aún más. En lugar de fortalecer la base tributaria mediante algún esfuerzo de reforma del sistema, proliferan las exoneraciones. El Consejo Fiscal advirtió que desde 2023 se aprobaron 19 leyes con nuevos beneficios tributarios, y, por si no fuera suficiente, el Congreso ya prepara más de 30 adicionales. De los gastos tributarios (como los que se vienen aprobando de leyes agrarias, zonas económicas especiales y otros), la Sunat estima que el Estado resignaría casi S/25 mil millones anuales, equivalente al doble del presupuesto anual de Educación.
La pregunta, inevitable, es: ¿qué sistema tributario necesitamos? Uno que sea eficiente sin distorsiones, progresivo para que paguen más quienes más pueden, y sencillo para que el cumplimiento sea posible. Solo así podremos sostener la provisión de servicios públicos, impulsar la inversión privada y alimentar un crecimiento sostenido. A esto, es importante sumarle el rol que tiene el desempeño de la autoridad tributaria para una adecuada interpretación de las normas (que eviten líos judiciales) y para sumar esfuerzos poco a poco que permitan aumentar el universo de todos aquellos que contribuyen al fisco.
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En momentos en que el que la disciplina fiscal del país se debilita cada año con incumplimientos de nuestras metas y cambios constantes de autoridades, fortalecer la recaudación tributaria no es un lujo. Es urgente. Seguir erosionando el sistema con exoneraciones a la carta nos acercará cada vez más a perder el grado de inversión y a encarecer la vida de todos los peruanos con un financiamiento más alto.
La política tributaria no puede seguir convertida en feria electoral. Si de verdad queremos un país más próspero, empecemos por ordenar la casa. Y cobrar lo justo, de manera justa.
*Miguel Alzamora es economista senior del IPE