Un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, denominado ‘Operación Rayo’, permitió esta madrugada la incautación de armamento, municiones de diversos calibres y material explosivo en los sectores de Porfía y Puente Francés, en la provincia de Pataz, región La Libertad. Sin embargo, el enfrentamiento dejó a un efectivo policial herido de bala.
Durante el ingreso a una bocamina, las fuerzas del orden fueron atacadas con disparos por sujetos armados ocultos en el lugar, lo que desencadenó un enfrentamiento que dejó herido al suboficial de primera Víctor Vilela, quien recibió un impacto de bala en el brazo derecho.
“Cabe resaltar que, durante el operativo, un valeroso efectivo policial de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), resultó herido por impacto de bala de arma de fuego, siendo evacuado al establecimiento de salud más cercano”, se lee en la misiva de la PNP.
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De acuerdo con Canal N, el efectivo fue evacuado por vía aérea a la ciudad de Trujillo, donde recibe atención médica especializada y se informa que su estado de salud es estable. La intervención formó parte de las acciones bajo estado de emergencia para combatir la criminalidad organizada vinculada a la minería ilegal en la zona.
Autoridades anunciaron que continuarán con estos operativos para restablecer el control territorial y proteger a la ciudadanía frente a la violencia vinculada a la minería ilegal.
Por otro lado, hace una semana, la Sucamec llevó a cabo operativos conjuntos con la Policía Nacional y el Ejército del Perú para ejercer control y fiscalización sobre la portación de armas de fuego. Durante las intervenciones, se logró la fiscalización de 84 vehículos y se revisó la situación legal de siete personas respecto a la tenencia y traslado de armas.
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Como resultado, se incautó un arma de fuego a un conductor que portaba una licencia caduca, reforzando así las medidas de seguridad en la zona.
Atentado en Pataz: más de 10 trabajadores asesinados
El 4 de mayo, la provincia de Pataz, en la región La Libertad, se convirtió en el epicentro de una tragedia vinculada a la violencia desatada por la minería ilegal. Trece trabajadores de la contratista R&R, quienes prestaban servicios para la minera Poderosa y habían sido secuestrados el 26 de abril, fueron hallados sin vida en un socavón. Los cuerpos, encontrados maniatados y ejecutados, habrían sido víctimas de sicarios relacionados con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.
A pesar de que desde febrero de 2024 la provincia se encuentra bajo estado de emergencia por disposición del gobierno, las autoridades no lograron contener la escalada de violencia ni asegurar la protección de los empleados de las compañías mineras.
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La empresa Poderosa expresó públicamente su preocupación por la falta de eficacia de las operaciones de seguridad y exigió al gobierno de Dina Boluarte revisar y reforzar la estrategia contra estas mafias.
La compañía solicitó acciones concretas en las bocaminas ilegales, que funcionan como refugio y base de operaciones para los grupos armados responsables de los ataques. La jefa de Estado culpó directamente a Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, de ser el autor del crimen. El mismo día de hallarse los cuerpos, el acusado viajó al extranjero para evitar ser detenido, pero ya era seguido por las autoridades y fue capturado en Colombia.
Mientras que en Perú, se intervenía a la abogada Liliana Pizán Chirado, quien sería la novia del principal sospechoso. En este allanamiento se le halló 100 mil soles en efectivo que vendría desde la minería ilegal. Aunque la investigada ha negado todas las acusaciones en su contra. Frente a ello, el Poder Judicial le dictó 24 meses de prisión preventiva.
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