El Congreso de la República tiene programado para el martes 3 de junio el debate del predictamen de la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE) en la Comisión de Energía y Minas. La iniciativa busca establecer un marco normativo específico para estas actividades, en respuesta a la proximidad del vencimiento del proceso de formalización minera integral.
El predictamen de la Ley MAPE surge como una medida para promover la formalización, el desarrollo sostenible, competitividad de la minería artesanal y de pequeña escala en el país. De acuerdo con el documento, se apunta a resolver la incertidumbre regulatoria y la baja eficacia de las iniciativas anteriores, según indican los lineamientos establecidos en la Política Nacional Multisectorial para la pequeña minería y minería artesanal al 2030.
La propuesta legislativa reconoce a la minería artesanal y pequeña minería (MAPE) como una categoría especial, con tratamiento diferenciado respecto a la Ley General de Minería. Se establece así un marco normativo propio, independiente de la regulación aplicable a la mediana y gran minería, con el propósito de ajustarse a la particularidad operativa, administrativa y de fiscalización de este sector.
¿Cuál es el nuevo marco normativo propuesto?
Formalización, registros y SIPMMA
Uno de los puntos que plantea el predictamen es la formalización del sector mediante el registro de operadores mineros. En este sentido, se prevé la integración de la información del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la creación de un nuevo Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (RENAPMAT). El sistema permitiría a los mineros artesanales acceder al derecho de preferencia sobre áreas no concesionadas y, en el caso de la minería aluvial, la inscripción en RENAPMAT habilitaría el inicio inmediato de las actividades extractivas.
El predictamen también contempla la consolidación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), definido en la Ley N° 32213. El sistema garantizará la formalización, transparencia y control del sector, y supervisará la trazabilidad de minerales y el manejo de explosivos, incluirá un padrón nacional de usuarios de explosivos, que estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas, y generará alertas para combatir la minería ilegal.
Trazabilidad y gestión ambiental
El predictamen estipula, como requisito clave, la obligatoriedad de la trazabilidad para los minerales extraídos en la minería artesanal y de pequeña escala. Se propone crea la “biografía mineral” para verificar y distinguir entre recursos legales e ilegales.
Las plantas de beneficio estarán obligadas a registrar la recepción de los cargamentos detallando datos sobre su origen y transporte. La producción, comercialización y traslado de minerales deberán ser registrados de manera electrónica, con códigos únicos, georreferenciación y seguimiento por GPS, integrando la información con entidades como SUNAT, SUNAFIL, SUCAMEC y OEFA.
El predictamen regula la gestión ambiental en la minería artesanal, promoviendo tecnologías de bajo impacto y aplicando instrumentos simplificados como IGAC, DIA e IGAFOM, además de una declaración jurada para la minería tradicional, adaptados a la realidad de los pequeños productores.
Contratos, servidumbres y combate de actividades ilegales
Se establece que la inscripción digital y simplificada del contrato de explotación será requisito obligatorio para la formalización, fiscalización y trazabilidad de los operadores mineros, además de facilitar el acceso a beneficios del sector. Esta medida busca resolver la falta de contratos, identificada como un obstáculo clave en la legalización.
Asimismo, se definen criterios para el trámite y resolución de solicitudes de servidumbre minera en casos de superposición, considerando temporalidad, impacto socioeconómico, viabilidad técnica y negociación entre partes. La inscripción en el Registro Público de Minería será obligatoria y de carácter público.
Finalmente, el predictamen fortalece la prevención y sanción contra la minería ilegal y delitos relacionados, como narcotráfico y trata de personas. La omisión o falsedad en las declaraciones anuales y registros de trazabilidad se considerará infracción grave, mientras que el incumplimiento en el manejo de explosivos será infracción muy grave.