Tras el compromiso del ministro Durich Whittembury, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene programado firmar este viernes 30 de mayo el contrato para la ejecución del proyecto de agua potable y alcantarillado denominado “Esquema Integral Carabayllo”.
Este ambicioso proyecto busca mejorar el acceso a servicios básicos para más de 286.000 habitantes del distrito de Carabayllo, en Lima Norte. Sin embargo, según investigaciones periodísticas y denuncias recientes, el proceso enfrenta serios intentos de interferencia que podrían retrasar su implementación y afectar a miles de familias.
Proyecto en Carabayllo enfrenta denuncias de interferencia
De acuerdo con una nota de prensa emitida por el Ministerio de Vivienda, el proyecto contempla una inversión superior a los 700 millones de soles y abarca la instalación de 17.055 nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado, la construcción de 13 reservorios, la rehabilitación de otros 13 y la implementación de 220 kilómetros de redes de agua y 193 kilómetros de redes de alcantarillado.
Este esfuerzo forma parte del programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), que busca atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables. No obstante, según una investigación de Expreso, el proceso de licitación enfrenta cuestionamientos que involucran a actores políticos y empresariales.
¿Qué pasó? El Consorcio Lima Norte (CLN) ganó la licitación pública el pasado 14 de abril de 2024, sin que se presentaran impugnaciones dentro del plazo establecido. Sin embargo, la empresa Constructora MPM, que quedó en segundo lugar con una oferta 7 millones de soles más alta, ha intentado revertir los resultados mediante denuncias y observaciones al proceso.
Según el reporte periodístico, estas acciones estarían respaldadas por operadores vinculados a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien presuntamente habría utilizado su influencia para favorecer a la constructora.
Ministerio de Vivienda insiste en cumplir con proyecto en Carabayllo
El Comité de Selección, conformado por Diego Tello Robalino, Yuri Sullón Pérez y Clever Loayza Madariaga, respondió a las observaciones de MPM y concluyó que la licitación se realizó de manera correcta, señalando que los reclamos carecían de sustento legal, técnico y documental, según Expreso.
Además, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió el 20 de mayo un dictamen que ratifica la validez del proceso y subraya que cualquier cuestionamiento debía haberse presentado mediante un recurso de apelación formal, lo cual no ocurrió.
A pesar de estas resoluciones, funcionarios del área legal del programa Agua Segura, entre ellos Luis Ricardo Obeso Julca y Benjamín Tristán Zúñiga, han sido señalados por la investigación de intentar anular el proceso de licitación para beneficiar a la Constructora MPM.
Según el medio escrito, estos funcionarios estarían preparando un informe legal para declarar la nulidad del concurso y convocar a una nueva licitación, lo que retrasaría la obra por al menos seis meses. Expreso también reveló que Rafael Domingo Noriega Barreto, propietario de MPM, tendría vínculos cercanos con Nicanor Boluarte, lo que refuerza las sospechas de tráfico de influencias.
Firma de contrato para megaproyecto en Carabayllo en incertidumbre
El proyecto “Esquema Integral Carabayllo” no solo busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito, sino que también responde a una necesidad urgente. Desde hace cinco años, miles de familias en Carabayllo han enfrentado la falta de acceso a agua potable y alcantarillado, lo que ha generado protestas y demandas sociales. Una de las manifestaciones más destacadas ocurrió el 5 de julio del año pasado, cuando vecinos bloquearon la Panamericana Norte exigiendo soluciones inmediatas.
El caso ha puesto en el centro de atención las denuncias de corrupción en el sector Vivienda. Según Expreso, Nicanor Boluarte habría consolidado su influencia en unidades ejecutoras clave del ministerio, como Sedapal, Agua Segura para Lima y Callao, y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). Estas entidades manejan presupuestos millonarios destinados a proyectos de infraestructura básica, lo que las convierte en objetivos estratégicos para redes de corrupción.
Luis Ricardo Obeso Julca, uno de los funcionarios señalados, ya cuenta con antecedentes por denuncias de corrupción. En un caso reciente, fue implicado junto al expremier Alberto Otárola en presuntos actos de negociación incompatible, según una denuncia presentada por la fiscal de la Nación y recogida por Expreso. Para el medio, estas acusaciones refuerzan las sospechas sobre su participación en las irregularidades relacionadas con el proyecto de Carabayllo.
¿Qué hará el Ministerio de Vivienda?
El impacto de estas interferencias no solo afecta a las familias que esperan la obra, sino que también pone en riesgo la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública. Según la ley peruana de contrataciones, los comités de selección son autónomos e independientes, por lo que cualquier intento de alterar sus decisiones constituye una violación de su autonomía.
En medio de este panorama, el Ministerio de Vivienda ha reiterado su compromiso con la ejecución del proyecto y ha asegurado que cumplirá con los plazos establecidos. Durante una reunión con dirigentes vecinales, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, ratificó la fecha de firma del contrato y destacó la importancia de la obra para mejorar las condiciones de vida en Carabayllo. Sin embargo, las denuncias de corrupción y las maniobras para anular la licitación continúan generando incertidumbre sobre el futuro del proyecto.
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