El alcalde de Pataz (La Libertad), Aldo Carlos Mariños, denunció este miércoles un aumento en las amenazas de muerte dirigidas en su contra por parte de la organización criminal ‘La Gran Alianza‘, dedicada a la minería ilegal. En una entrevista con Latina Noticias, señaló que los amedrentamientos comenzaron en septiembre del año pasado y se agravaron desde mayo.
“Me están diciendo que me calle, que no siga reclamando, que no pida un asfaltado para mi provincia, que me quede callado. Lo que dicen es que van a descargar todas sus balas en mi cabeza”, expresó. Indicó que estos mensajes le fueron enviados por texto a su teléfono personal.
El burgomaestre agregó que no permitirá que las amenazas lo silencien. “Más miedo tengo a quedarme callado, porque muchas familias quedan con dolor cuando sus seres queridos son asesinados. Hay que unirnos, y esta lacra tiene que terminar en el cementerio o con cadena perpetua. Pero para eso necesitamos una norma que el Congreso debe aprobar con urgencia”, sostuvo.
Contó además que su entorno más cercano le ha pedido que abandone el cargo y salga del país. “No lo voy a hacer. El pueblo me ha elegido para elevar mi voz por ellos. No les tengo miedo. Ojalá me asesinen, y así el pueblo pueda salir a las calles y se apruebe rápido una ley para que las bandas criminales terminen donde deben”, manifestó.
Mariños aseguró que ni la presidenta Dina Boluarte, ni el gobernador regional, César Acuña, se han comunicado con él. “No he recibido ninguna llamada del gobierno central con respecto a esto. Ayer por la tarde me llamó una persona que dijo pertenecer al Servicio de Inteligencia; le he brindado la información que me pidió, pero en temas de mi seguridad, nada”, indicó.
Informó que ya presentó la denuncia ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo y que la Policía Nacional tiene conocimiento del caso. “He dejado los tres números desde los cuales me han enviado las amenazas. Esperamos que hagan su trabajo, si no, esto quedará como siempre pasa en nuestra sociedad”, advirtió.
“No se trata de mí, se trata del pueblo. El pueblo necesita seguridad. Voy a seguir expresándome. A las bandas criminales: ahí les espero”, continuó. Finalmente, exigió la reactivación de la actividad minera formal, suspendida desde hace 12 días por decisión del Ejecutivo.
“Nos están quitando el pan de la boca. Hay más de 90 millones de soles en pérdidas, 3 mil mineros artesanales afectados, más de 30 mil puestos de trabajo directos y 80 mil indirectos perjudicados solo en Pataz. La minería es la principal actividad económica en nuestra provincia”, concluyó.
A inicios de mayo, la autoridad ya había denunciado amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en la zona, tras el asesinato de 13 mineros en la mina Poderosa. Sin embargo, no especificó de qué grupo provenían las intimidaciones.
Señaló que los mensajes incluyen advertencias directas sobre su asesinato y responsabilizó al Gobierno de Boluarte por la falta de acción contra el crimen. “Estoy siendo amenazado por delincuentes, criminales, terroristas. No voy a decir minería ilegal, porque si un minero ilegal empieza a amenazar o extorsionar, deja de ser minero ilegal y pasa a ser criminal”, expresó.
Medidas
Previamente, el Ejecutivo decretó un toque de queda en Pataz y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la zona, además de instalar una base militar. También se suspendió toda actividad minera en la provincia por 30 días prorrogables.
La gobernante solicitó facultades al Congreso para legislar sobre terrorismo urbano y prometió “mano dura” contra los responsables de la violencia, criticando la liberación del principal sospechoso del ataque, Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’.
Por su parte, el exprimer ministro, Gustavo Adrianzén, sostuvo que el Gobierno “en ningún momento” ha cometido un “descuido” de sus deberes y sus funciones y aseguró que la Policía Nacional actuó de manera inmediata en la zona", en referencia a las críticas sobre la inacción de las autoridades.