El 16 de mayo, Marisol Pérez Tello, precandidata presidencial del partido Primero La Gente, anunció en sus redes sociales la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público. La acusación se centra en el “uso irregular de datos personales”, expuesto en un reportaje del programa Punto Final. Este informe reveló el funcionamiento de una ‘fábrica de firmas’ presuntamente utilizada por el partido para asegurar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Un grupo de ciudadanos y militantes hemos presentado una denuncia penal que amplía esta preocupación, alertando sobre el uso irregular de datos personales con fines que comprometen la seguridad jurídica, la confianza institucional y la democracia”, menciona la abogada y destaca la existencia de bancos de datos obtenidos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que circulan y se comercializan sin control en redes sociales. “Esta negligencia pone en riesgo a millones de personas y a todo el sistema de garantías democráticas”, añade.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que Reniec realice un cruce de las 75,000 fichas mencionadas en el reportaje con el padrón del JNE, con el fin de identificar todos los partidos afectados y delimitar claramente las responsabilidades institucionales.
La precandidata a la presidencenfatizó que el partido Primero La Gente rechaza cualquier vínculo institucional con estos hechos. No obstante, reconoció la gravedad de las denuncias y expresó su apoyo total a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, sin importar las consecuencias. Para Pérez Tello, la democracia y la ciudadanía merecen respuestas claras y acciones decididas que resguarden la integridad de los procesos electorales en Perú.
Tras la denuncia anunciada por Pérez Tello, las críticas en redes sociales no tardaron en llegar, cuestionando su permanencia en el proceso electoral junto al partido liderado por Miguel del Castillo. Algunos usuarios sugirieron que debería retirarse de las elecciones generales de 2026: “Si fuera decente, ya habría renunciado. Entienda, señora. Es delito falsificar firmas; no queremos más presidentes corruptos”, comentó un usuario.
Quienes sí optaron por retirarse fueron los excongresistas Daniel Olivares y Alberto de Belaúnde, Tras las denuncias de afiliaciones no consensuadas, ambos tramitaron su desafiliación formal ante el JNE y también comunicaron su decisión directamente a la agrupación, marcando distancia frente al escándalo.
El escándalo de la ‘fábrica de firmas’ de Primero La Gente
El escándalo de las firmas falsificadas volvió a ser el foco de la atención mediática tras la emisión de un reportaje del programa Punto Final, donde se reveló cómo una “fábrica de firmas falsas” habría facilitado el registro fraudulento de Primero La Gente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Un informante, presuntamente involucrado en esta operación, indicó que se pagaban aproximadamente seis soles por ficha llena, obteniendo información ilegalmente de Reniec. Esta práctica involucró más de 6.000 fichas, de las cuales más de 4.000 figuraban como afiliados sin su conocimiento.
Cabe señalar que el informante apuntó a la cúpula del partido, señalando al propio líder Miguel del Castillo, hijo del reconocido aprista Jorge del Castillo, y a Marco Zevallos, personero legal, como responsables de coordinar y financiar estas inscripciones irregulares. “Ellos mismos contrataron y mandaron hacer todas esas fichas de afiliados ya que era la única manera de que su partido puede inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones y también es la única forma en que se escriben los partidos políticos en el jurado con firmas de afiliados falsas en un gran porcentaje”, mencionó.
Tras la emisión del reportaje, el partido emitió un comunicado negando cualquier tipo de relación con las prácticas ilegales mencionadas, afirmando que su proceso de inscripción ante el JNE) fue realizado de manera legal y transparente. En el comunicado, destacaron que la afiliación se basó en la validación de firmas por parte de Reniec. Además, el partido afirmó que el reportaje había sido utilizado para deslegitimarlos en el actual contexto político.
El Ministerio Público ha lanzado una investigación preliminar contra Marco Zevallos, personero legal de Primero La Gente, por el supuesto uso de 6,000 firmas falsificadas en su inscripción ante el JNE. La fiscal Patricia Miranda Gamarra lidera el caso, enfocado en confirmar el posible delito de inscripciones no consentidas que perjudicarían al estado peruano.