El paro de transportistas convocado para hoy, 14 de mayo, ha generado una respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), que ha desplegado más de 13,000 efectivos en las principales vías de Lima Metropolitana. El objetivo es garantizar la seguridad y el libre tránsito de los ciudadanos, a pesar de las tensiones generadas por la convocatoria de los gremios del transporte.
Desde las primeras horas del día, a partir de las 4:00 a.m., los agentes de la Policía de Tránsito y la Policía Nacional se han distribuido estratégicamente en puntos neurálgicos de la ciudad, como el paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, que conecta las principales rutas del norte, este y sur de Lima. Según el primer reporte del día del general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Dirección Policial de Lima, los operativos de control han transcurrido con “casi normalidad”.
“El despliegue se ha realizado con la finalidad de asegurar que los ciudadanos puedan llegar a sus centros de trabajo o de estudio sin mayores inconvenientes. A las 6:15 a.m. ya se estaba monitoreando el tránsito en el cono norte, sur y este, sin mayores alteraciones en el flujo vehicular,” indicó Monroy.
El general explicó que el plan operativo de la policía está dividido en tres etapas: en las primeras horas del día se prioriza el control del tránsito, mientras que, a medida que avancen las horas, se brindará protección a las manifestaciones pacíficas que puedan surgir.
Además del despliegue de la policía, también se han sumado efectivos del Ejército del Perú, que realizan rondas de vigilancia para mantener el orden. La presencia de las fuerzas del orden es especialmente visible en los puntos más congestionados, como Puente Nuevo, donde se ha garantizado la circulación de buses de transporte público.
Aunque la presencia de pasajeros es mínima, algunos usuarios del transporte han señalado que no ha habido alteraciones en los precios de los pasajes en Puente Nuevo. Además, se informó que la Policía ha puesto a disposición un bus para ofrecer transporte gratuito a los pasajeros afectados por el paro. El bus está siendo utilizado para trasladar a los usuarios hacia Atocongo y otros paraderos de la zona sur de Lima. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, la demanda es baja.
¿Por qué se realiza el paro?
El paro nacional de este miércoles 14 de mayo fue convocado como respuesta a la creciente ola de criminalidad que afecta al Perú, particularmente a sectores como el transporte, el comercio y la educación. La medida fue liderada por la Alianza Nacional de Transportistas, cuyos representantes denuncian una situación insostenible ante el aumento del sicariato, la extorsión y los constantes asaltos. La consigna principal es exigir acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana que se ha agravado en los últimos meses.
Uno de los detonantes del paro fue la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, un hecho que evidenció la falta de control del Estado frente al crimen organizado. Esta tragedia motivó a diversos gremios a unirse a la protesta, incluyendo mototaxistas, colectiveros, comerciantes y sindicatos como la CGTP, quienes demandan no solo medidas de seguridad, sino también la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, a quien acusan de no dar respuestas efectivas ante la crisis.
El reclamo se centra en la sensación de abandono que sienten amplios sectores de la población, particularmente aquellos más vulnerables a la violencia diaria. “Es preferible parar que ser asesinados”, declaró Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, al dejar en claro que la movilización es un llamado desesperado ante el riesgo que enfrentan quienes trabajan en las calles. El paro busca visibilizar la urgencia de reformas estructurales y medidas inmediatas para frenar la expansión del crimen.
Si bien algunos gremios, como el de transportistas formales y empresarios de Mesa Redonda, decidieron no sumarse, la protesta ha sido respaldada por una amplia variedad de sectores sociales. Además de denunciar la inseguridad, también se exige al gobierno un compromiso con el respeto a los derechos laborales, mejores condiciones para el comercio y el transporte, y una verdadera lucha contra la impunidad que rodea a los grupos delictivos en el país.