El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, no descartó este miércoles la posibilidad de presentar su renuncia ante las cuatro mociones de censura que enfrenta en el Congreso, un escenario que ha generado incertidumbre en el Ejecutivo.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el premier remarcó que, en sus años de experiencia, no recuerda un caso similar en el que se hayan presentado simultáneamente tantas solicitudes de destitución. “No tengo memoria de que eso haya ocurrido antes”, expresó.
A pesar de la presión política, aseguró que acepta las decisiones del Parlamento con espíritu democrático y reiteró su disposición al diálogo con las bancadas que han solicitado su salida.
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“Acepto estas decisiones de diferentes bancadas y confío en que en los días próximos vamos a tener oportunidad de dialogar con estas bancadas. Ojalá, luego de persuadirlos acerca del trabajo que estamos haciendo y la conveniencia de trabajar juntos por la gobernabilidad, (lleguemos a consenso)”, afirmó.
Agregó que no se aferra al cargo y que está dispuesto a dar un paso al costado si eso permite avanzar en la lucha contra los principales flagelos del país. “Yo tengo una amplísima vocación de renuncia, amplísima. Si tuviera la certeza de que dando un paso al costado contribuiría en el cese de la delincuencia y el crimen organizado, lo haría sin pensarlo dos veces”, sentenció.
De concretarse su salida, se desencadenaría una “crisis total del gabinete”, lo cual obligaría a todos los ministros a presentar su renuncia ante la presidenta Dina Boluarte. En estos casos, es común que algunos ministros se mantengan o asuman nuevas funciones.
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Adrianzén podría convertirse en el tercer jefe del Gabinete en dejar el cargo. Antes de él, Alberto Otárola lideró el Consejo de Ministros por más de un año, mientras que Pedro Angulo fue el primero en asumir ese rol, aunque solo permaneció 11 días, entre el 10 y el 21 de diciembre de 2022, en plena crisis política tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Posible reemplazo
En entrevista con Canal N, el ministro de Educación, Morgan Quero, expresó su rechazo a las mociones y sostuvo que el país necesita unidad frente a las amenazas del crimen organizado. Confió en que las iniciativas parlamentarias no prosperarán y, consultado sobre si aceptaría asumir el cargo, replicó que “servirá al país” donde “pueda ser útil”.
“Este es un gabinete cohesionado, firme, unido, digno y hasta fuerte, trabajamos en equipo (...) tenemos que reflexionar sobre lo que acontece en el Perú en estos días y hoy lo que reclama la historia, la sociedad, es unidad (...) frente a diferentes amenazas que buscan entorpecer el progreso de la nación”, dijo. Previamente, Adrianzén había declarado estar con la “moral a tope”.
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“Todo Por El Perú, ¡avanzamos!”, escribió por la mañana en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Una de las últimas mociones presentadas en su contra fue presentada por la bancada de Renovación Popular y solicita su destitución “por su manifiesta incapacidad” y “por su absoluta falta de reacción, control y estrategia oportuna” ante “la grave situación de crisis” que atraviesa el país.
Cuatro días antes de la masacre en Pataz (La Libertad), el premier negó la existencia de “información veraz” sobre el secuestro de mineros y afirmó que el Ejecutivo no había recibido “ninguna denuncia” oficial. En ese momento, minimizó el reporte e indicó que se comunicó con representantes de la minera Poderosa —empresa que opera en la zona—, quienes le negaron “que los afectados sean trabajadores de su empresa, ya sea directamente de la mina o asociados a ella, mediante algún convenio”.
“Más allá de eso, si los secuestrados son o no empleados de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. No obstante, nuestros cuerpos de seguridad en Pataz no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz (...) No tenemos ninguna denuncia hasta el momento, pero confiamos en que, como resultado de las investigaciones, se demuestre que se trató de una falsa alarma”, agregó.
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No obstante, una vez confirmada la matanza, el primer ministro evitó asumir responsabilidad directa por lo ocurrido.