El alcalde de Pataz (La Libertad), Aldo Carlos Mariño, denunció este lunes que ha recibido amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en la zona, donde recientemente fueron secuestrados y asesinados 13 mineros de la mina de oro Poderosa.
En declaraciones a Canal N, el burgomaestre afirmó no tener miedo y responsabilizó al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte en caso de que se concreten los ataques. “Estoy siendo amenazado por delincuentes, criminales, terroristas. No voy a decir minería ilegal, porque si un minero ilegal empieza a amenazar o extorsionar, deja de ser minero ilegal y pasa a ser criminal”, expresó.
Precisó que las amenazas son directas y explícitas: “Me han llegado mensajes que me van a asesinar con balas en la nuca. No tengo miedo. Sé que Dios me cuida. Si eso ocurriese, el único responsable creo que es el Gobierno central por hacer cero contra la criminalidad”, agregó.
Consultado sobre si cuenta con protección oficial, Mariño respondió que preferiría que la seguridad “se brinde al pueblo” y no a él personalmente, “porque siento que Dios me está cuidando”. Describió, además, que el ambiente en su provincia es de permanente tensión: “(La población vive) en zozobra, con temor. Lo mismo que ocurre en Pataz ocurre en Trujillo, Lima, en todo el Perú”, señaló.
También criticó la inacción del Estado frente al avance del crimen: “La delincuencia que está en Lima no vayan a decir que es la minería ilegal. La delincuencia que está en Trujillo no vayan a decir que es la minería ilegal. Es la delincuencia que el Estado ha dejado en abandono a la ciudadanía”, apuntó.
Mariños ya había criticado al Ejecutivo y denunciado la precaria situación del sistema de salud en plena emergencia. Con voz entrecortada, expresó su frustración y desesperación. “Señores indolentes del gobierno central, atiendan a esta provincia. No nos sigan jodiendo la vida. (...) Nosotros le aportamos todo al país, le damos todo el oro. Solo queremos que nos devuelvan en desarrollo. No sean miserables”, dijo días atrás, visiblemente afectado.
La administración de Boluarte decretó un toque de queda en Pataz y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la zona, además de instalar una base militar. También se suspendió toda actividad minera en la provincia por 30 días prorrogables.
La gobernante solicitó facultades al Congreso para legislar sobre terrorismo urbano y prometió “mano dura” contra los responsables de la violencia, criticando la liberación del principal sospechoso del ataque, Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’.
Por su parte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, sostuvo que el Gobierno “en ningún momento” ha cometido un “descuido” de sus deberes y sus funciones y aseguró que la Policía Nacional actuó de manera inmediata en la zona", en referencia a las críticas sobre la inacción de las autoridades.
En desarrollo.