El partido Fuerza Popular celebró su 15.º aniversario este domingo 9 de marzo en un evento realizado en Cieneguilla, con la participación de su lideresa, Keiko Fujimori Higuchi, quien aprovechó la ocasión para emitir duras declaraciones sobre los comicios presidenciales de 2021. Según Fujimori, su partido fue víctima de un “fraude electoral” en las elecciones que resultaron en la victoria de Pedro Castillo.
“A pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. No importa, mi compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos”, afirmó la excandidata presidencial durante su discurso, sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones.
Fujimori, quien ha sido una figura central en la política peruana en los últimos años, también abordó el tema de su carrera política, reconociendo las dificultades que ha enfrentado a lo largo del tiempo. En su intervención, recordó los ataques que ha recibido debido a su vínculo familiar con Alberto Fujimori, expresidente de Perú, al señalar: “Soy hija de Alberto Fujimori y con esas medallas, injustamente me llevaron a prisión”.
Durante la actividad, Keiko Fujimori no ofreció detalles sobre una posible candidatura presidencial para las elecciones de 2026. Sin embargo, la pregunta sobre si buscará nuevamente la presidencia ha estado en el aire desde su derrota en los comicios de 2021. En las elecciones de 2011, Fujimori perdió ante Ollanta Humala; en 2016, ante Pedro Pablo Kuczynski (PPK); y en 2021, nuevamente ante Pedro Castillo. Su figura sigue siendo una de las más polarizantes en el país, especialmente debido a su legado familiar y las divisiones que genera entre los sectores fujimoristas y antifujimoristas.
Además de Keiko Fujimori, en Fuerza Popular no se han destacado otras figuras de peso político que puedan tomar el liderazgo del partido, especialmente tras el retiro de Kenji Fujimori de la escena política y su actual enfoque en actividades fuera del ámbito político, como su contenido en YouTube. La falta de nuevos liderazgos dentro de la organización podría ser un factor relevante en su futuro político, especialmente si Keiko decide postularse nuevamente en 2026.
Campaña de “fraude electoral” en la mira: Fiscalía ha investigado a Fuerza Popular por presunto financiamiento ilegal
Las acusaciones de Keiko Fujimori sobre un fraude electoral en las elecciones de 2021 fueron un tema central desde la segunda vuelta electoral, en la que Pedro Castillo resultó vencedor. Fujimori sostuvo que hubo falsificación de firmas y alteración de actas para favorecer a Castillo, lo que impulsó una serie de movilizaciones y revisiones por parte de Fuerza Popular. El partido solicitó impugnaciones y apelaciones, un proceso que demandó un significativo desembolso de dinero, estimado en más de 1.2 millones de soles (aproximadamente 320,000 dólares).
Además de la campaña de impugnaciones, las donaciones sospechosas de ciertos sectores empresariales, vinculados a los juegos de azar, habrían sido clave para financiar la narrativa del fraude. Esto generó una investigación más amplia sobre el origen de esos fondos y su posible vinculación con actividades ilegales, lo que podría acarrear consecuencias legales para los involucrados.
En agosto de 2023, la Fiscalía decidió ampliar la investigación por lavado de activos que recae sobre Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, como Luis Galarreta y Miki Torres, tras las acusaciones de un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2021. El fiscal José Domingo Pérez indicó que la campaña del partido podría haber recibido financiamiento ilegal por parte de bufetes de abogados, empresarios y propietarios de casinos, quienes supuestamente hicieron donaciones para impulsar las impugnaciones y apelaciones relacionadas con el “fraude electoral”.
El equipo especial Lava Jato, que estuvo a cargo de la investigación, buscó recabar testimonios adicionales de personajes clave como el en ese entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y otros funcionarios del sistema electoral. Esta investigación tenía como objetivo esclarecer la legalidad del dinero que recibió el partido y verificar si hubo alguna violación de las normas de financiamiento electoral.