El Tribunal Constitucional (TC) anuló las sanciones de destitución impuestas a los jueces supremos titulares Aldo Figueroa y Víctor Ticona, quienes habían sido vinculados al caso conocido como “Los cuellos blancos del puerto”. Esta decisión también incluye la nulidad de los procedimientos disciplinarios iniciados en su contra por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el año 2020, así como de las resoluciones que determinaron su destitución en 2021.
Con el fallo del máximo intérprete de la carta magna no solo se revierten las resoluciones, sino que también se ordena la reposición de Aldo Figueroa en su cargo como juez supremo titular, reconociendo su derecho a la permanencia en la función pública. En el caso de Víctor Ticona, debido a superar la edad límite para ser magistrado, el Tribunal declaró “improcedente” su demanda de reposición, lo que significa que no podrá retornar a su puesto en el Poder Judicial.
Según el fallo, la JNJ violó el principio de jerarquía normativa y el derecho al procedimiento preestablecido por ley, lo que constituyó una lesión al derecho al debido procedimiento de los magistrados. No obstante, a pesar de la anulación de las sanciones y procedimientos disciplinarios, el TC dejó abierta la posibilidad de que la actual Junta Nacional de Justicia inicie nuevos procesos contra Aldo Figueroa y Víctor Ticona en relación con el caso “Los cuellos blancos del puerto”.
¿Por qué fueron destituidos?
El 3 de febrero del 2021, la entonces Junta Nacional de Justicia acordó destituir a Aldo Figueroa en el cargo de juez supremo titular por incurrir en faltas muy graves previstas en la Ley de la Carrera Judicial, al haber solicitado al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, la designación de la abogada Mónica Hoyos Pinchi como jueza supernumeraria en dicha corte.
Meses después, el 2 de julio de 2021, la JNJ tomó una decisión similar respecto a Víctor Ticona, también juez supremo titular. En este caso, la destitución estuvo relacionada con sus comunicaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, quien ha sido señalado en múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Los cuellos blancos del puerto: ¿qué es?
El caso denominado “Cuellos Blancos del Puerto” expuso cómo un grupo de jueces, fiscales, consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empresarios habrían operado un sistema de favores en beneficio propio, afectando gravemente el interés público. Las grabaciones iniciales surgieron de una investigación sobre delitos como narcotráfico y sicariato. Sin embargo, el alcance de las revelaciones fue mucho más amplio, al evidenciar que las más altas autoridades del sistema judicial peruano estaban involucradas en prácticas ilícitas.
Entre los principales implicados se encuentran Walter Benigno Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao; César José Hinostroza Pariachi, exmagistrado supremo de la Corte Suprema; y los exconsejeros del CNM Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido César Aguila Grados, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites. Además, figuran nombres como el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito.
El caso “Cuellos Blancos del Puerto” no solo puso en evidencia la corrupción en el sistema judicial, sino que también abrió el debate sobre la inmunidad que protege a las más altas autoridades de investigaciones penales. Los delitos investigados incluyen tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo, y la participación en una organización criminal, lo que refleja la gravedad de las acusaciones.
¿Cómo operaban?
Los Cuellos Blancos del Puerto no seguían el modelo tradicional de una organización criminal jerárquica. En lugar de ello, operaban como una red de individuos clave que, gracias a sus contactos y posiciones de poder, tejían alianzas temporales para cumplir objetivos específicos. Según el entonces fiscal supremo Pablo Sánchez, esta estructura cumple con la definición de organización criminal establecida en la Ley 30077, ya que estaba compuesta por más de tres personas, tenía un carácter estable y desarrollaba actividades ilícitas de manera permanente.
La red estaba dividida en tres grupos principales. El primero incluía a jueces y personal administrativo de diversos juzgados; el segundo, a abogados litigantes y empresarios; y el tercero, a figuras de alto perfil como el juez supremo César Hinostroza y exmiembros del CNM. Estas conexiones les permitían influir en decisiones judiciales, negociar ascensos y reducir penas, entre otras actividades ilícitas.