La congresista Adriana Tudela (Avanza País) anunció este domingo el retiro de su proyecto de ley para que los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) tengan una vigencia indeterminada. La decisión se produjo tras el desplome del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo y las críticas de Nancy Barrenechea, miembro de la Comisión de Inspectores Técnicos del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
La ingeniera indicó previamente que los miembros del CIP y los bomberos, quienes “responden a emergencias”, se han opuesto a esta iniciativa. Además, recordó una propuesta anterior de la legisladora no agrupada Maricarmen Alva, que planteaba realizar inspecciones cada década, pero que fue finalmente archivada. Como resultado, se estableció que las inspecciones se llevarían a cabo cada dos años.
Tudela explicó que su iniciativa, aún no debatida en comisión, fue “tergiversada malintencionadamente” y utilizada como una “distracción” en lo que consideró una campaña para diluir la responsabilidad de los involucrados en la tragedia de Trujillo, que hasta el momento ha dejado seis muertos. “Todos hemos visto los videos de cómo se cayó el techo, ¿cómo es posible que haya pasado una inspección de seguridad recientemente? Es clarísimo que la calidad de la fiscalización es deficiente”, cuestionó.
Informó que ha solicitado al alcalde Mario Reyna las licencias de edificación, funcionamiento y los certificados ITSE del establecimiento colapsado, así como la información sobre las inspecciones realizadas y las medidas adoptadas.
“Es clarísimo que la calidad de la fiscalización es deficiente. (...) Fortalecerla para que las inspecciones sean constantes y sorpresivas, no programadas, es fundamental”, destacó en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
Tudela ya había calificado de falsas las declaraciones de Barrenechea y explicó que su propuesta busca realizar “inspecciones de seguridad constantes, exhaustivas y sorpresivas”. Según la congresista, los controles programados cada dos años permiten “hacer arreglos superficiales para aprobarla”, lo que no garantiza una medida de seguridad real. “Necesitamos una fiscalización constante y eficaz por parte de las municipalidades”, agregó.
Subrayó, finalmente, que los responsables del colapso de la cúpula sobre la zona de restaurantes del centro comercial deben ser “duramente sancionados”. En diciembre de 2023, la municipalidad provincial ordenó el cierre del centro comercial por deficiencias estructurales, lo que generó quejas entre políticos y gremios empresariales.
Cuando se anunció la medida, el propio mall emitió un comunicado en el que afirmó que las observaciones hechas por las autoridades no representaban “un peligro inminente” ni eran motivo para el cierre del establecimiento. Una semana después, el 4 de enero de 2024, Real Plaza Trujillo anunció su reapertura, ya que sus instalaciones estaban en “perfecto estado”, según un comunicado difundido en ese momento.
En diálogo con Infobae Perú, el penalista Carlos Caro señaló que el Ministerio debe actuar de oficio para averiguar si el desplome fue causado por un defecto estructural y si las autoridades y la empresa encargada del centro comercial conocían o pudieron conocer dicho defecto. Además, indicó que los deudos pueden acordar una reparación de manera privada con la compañía.
El letrado agregó que, en este caso, si se busca imputar responsabilidades a algún grupo empresarial, el foco debería centrarse en la administradora del establecimiento, que no necesariamente es parte de Intercorp. “Ser dueño o ser propietario de algo no te hace responsable. Lo que te hace responsable es estar en la gestión, en la administración (...) Y hay veces que los malls tercerizan la administración”, dijo.
¿Qué decía el proyecto de Adriana Tudela?
En rigor, la legisladora planteaba modificar el artículo 11 de la Ley N.º 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aplicando la medida “sin perjuicio de la fiscalización posterior, que debe ser ejecutada de manera periódica por los gobiernos locales”.
Justificó su propuesta al señalar los altos costos que enfrentan las micro y pequeñas empresas al solicitar un certificado ITSE y la falta de una entidad independiente que revise lo dispuesto por los municipios, además de la ausencia de criterios uniformes en estos.