El presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien enfrenta prisión preventiva debido a una investigación por tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, vuelve a ser protagonista de una polémica judicial que lo vincula con más presuntos actos de corrupción. El empresario Vicente Eduardo Díaz García afirma que el exconductor recibió 100.000 dólares de Elizabeth Palomino, procesada por lavado de activos, para interceder en un caso judicial. “Se habló de que ellos llamaron para cobrar esa cantidad de dinero porque sabían que se le había dado 100.000 dólares a Chibolín de parte de Elizabeth Palomino”, aseguró el testigo en entrevista con Panorama.
Díaz García detalló que esta conversación ocurrió el 18 de septiembre de 2024, durante una cena en el chifa Xin Yan, ubicado en la avenida San Luis, en el distrito de San Borja. Entre los asistentes, el testigo identificó al periodista televisivo Oscar Eduardo Bravo y al broadcaster Martín Delgado Salinas, quienes, según él, también tienen vínculos con Hurtado. Según Díaz García, este pago se convirtió en motivo de disputa, ya que posteriormente se realizaron llamadas exigiendo la devolución del dinero. “Ellos sí llamaron por teléfono para cobrar la plata de Elizabeth”, insistió, asegurando que escuchó a Oscar Bravo decir: “Yo lo llamé para cobrarle a Chibolín porque yo sé que fueron 100.000 dólares”. El empresario afirmó ante las cámaras de Panorama que ratificaría su testimonio ante la Fiscalía y el Poder Judicial.
El testigo mencionó presiones y nuevas denuncias
Díaz García aseguró que el tema surgió en la conversación porque el caso de Hurtado estaba en el centro de la atención mediática. Según su versión, Oscar Eduardo Bravo admitió en la cena que él mismo llamó a Hurtado para exigirle la devolución de los 100.000 dólares. “Abiertamente, esto es importante”, subrayó el empresario. El testimonio toma mayor relevancia porque, semanas antes, otra empresaria también había denunciado que Elizabeth Palomino entregó dinero a Chibolín, reforzando la hipótesis de que este tipo de transacciones eran frecuentes. Además, el hermano del testigo, Bruno Díaz, coincidió en que el pago parecía tratarse de un favor que Hurtado no había cumplido, lo que habría generado las insistentes llamadas de cobro.
Por otro lado, las conexiones familiares en este caso han generado aún más controversia. Vicente Díaz Arce, padre del testigo, estuvo vinculado en investigaciones por lavado de activos, y su esposa, Elizabeth Palomino Córdoba, es la misma persona que habría entregado el dinero a Hurtado y luego intentó cobrarlo a través de terceros. Díaz Arce, pastor evangélico y exsocio de Rodolfo Orellana, fue uno de los hombres más buscados del país en su momento. El 17 de enero de este año, Díaz Arce falleció en una clínica local, lo que ha llevado a su familia a exigir una investigación sobre las circunstancias de su muerte. Su caso, sin embargo, sigue sin sentencia tras más de 11 años de demora en el Ministerio Público.
Denunciado en 2014 por apropiación ilícita de inmuebles, estafa, falsificación de documentos públicos y usurpación agravada, Díaz Arce habría recurrido a Orellana en 2011 para inscribir fraudulentamente propiedades en Gamarra, afectando incluso a su hijo, Bruno Díaz, quien hasta la fecha reclama justicia. Su captura en octubre de 2017 sorprendió al país, ya que estuvo prófugo hasta que la policía lo encontró escondido en el cuarto de motores de la piscina de su casa. A pesar de su detención, el proceso judicial aún no se ha resuelto.
El caso involucra a 100 investigados, incluyendo personas naturales y jurídicas, y sigue en etapa de juicio oral. Entre los procesados también figura Elizabeth Palomino Córdoba, quien es señalada como parte de la organización criminal y, a su vez, es la misma persona que realizó los presuntos pagos a Chibolín. Mientras tanto, el equipo periodístico de Panorama intentó obtener una versión de Palomino, pero al acudir a su residencia en el Derby, fueron agredidos por un sujeto identificado como Brayan Cadenillas Avendaño. La vivienda en cuestión había sido incautada anteriormente por las autoridades en el marco de una investigación por lavado de dinero.
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