El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, en lo que parece ser un intento de la presidenta Dina Boluarte por bloquear las investigaciones en su contra mientras se mantiene en el cargo.
En su resolución, el máximo órgano interpretativo de la Constitución indicó que Boluarte subsanó, el 30 de enero, las observaciones que previamente habían llevado a la inadmisibilidad de su demanda. Entre las observaciones corregidas estaba la falta de una autorización expresa para que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, actuara en representación del Ejecutivo en este proceso.
Cabe recordar que, el pasado 23 de enero, el TC declaró inadmisible la demanda inicial presentada por el Ejecutivo y le otorgó un plazo de cinco días hábiles para corregir las observaciones señaladas. En esa ocasión, el tribunal advirtió que, de no subsanarse los errores, la demanda sería declarada improcedente.
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El Ejecutivo sostiene que las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial afectan sus competencias y limitan el ejercicio del cargo de la presidenta de la República. Según el gobierno, la interpretación del artículo 117 de la Constitución ha generado restricciones que comprometen sus atribuciones.
Dicho artículo establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, obstrucción de procesos electorales (presidenciales, parlamentarios, regionales o municipales), disolución inconstitucional de la Cámara de Diputados o interferencia en el funcionamiento de organismos clave del sistema electoral, como el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones.
Ejecutivo buscó que el TC limite las acusaciones contra Boluarte
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó en agosto de 2024 que la demanda competencial presentada por el Ejecutivo busca que el Tribunal Constitucional (TC) defina los límites de la acusación contra un jefe de Estado. Según Adrianzén, la medida no pretende blindar a la presidenta Dina Boluarte, sino sentar un precedente para futuros mandatarios y evitar que la Fiscalía interfiera en sus funciones.
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Sin embargo, el TC ya se ha pronunciado sobre este tema. En octubre de 2022, rechazó una solicitud del Congreso que buscaba ampliar la interpretación del artículo 117 de la Constitución, dejando en claro que las restricciones a la acusación presidencial están definidas en la norma y no requieren una reinterpretación adicional.
Dina Boluarte y las investigaciones en su contra
Desde que asumió la presidencia, Dina Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales que han debilitado su imagen y tensado su relación con el Ministerio Público. La más grave es la que la involucra en las muertes durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La Fiscalía de la Nación la investiga por homicidio calificado y lesiones graves, tras la represión que dejó 44 fallecidos.
Otro caso que la afecta es el caso Rolex. La Fiscalía sostiene que Boluarte recibió relojes de lujo de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de facilitar financiamiento para obras en su jurisdicción. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó y obtuvo autorización para allanar la vivienda de la mandataria en Surquillo y el Despacho Presidencial, donde se incautaron tres relojes Rolex y una pulsera Cartier.
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A esto se suma la investigación por presunto abandono del cargo, abierta en diciembre de 2024. La Fiscalía sostiene que Boluarte se sometió a una rinoplastia entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023 sin informar al Congreso ni al Consejo de Ministros, lo que habría dejado al país sin liderazgo efectivo.
El exjefe del Gabinete, Alberto Otárola, aseguró que la mandataria continuó gobernando a distancia, pero las dudas sobre su transparencia y ética siguen creciendo.