El futuro del policlínico municipal de San Isidro continúa siendo incierto, a pesar de que su construcción se inició hace casi una década. Actualmente, en 2024, el proyecto sigue envuelto en cuestionamientos. Según nuevas revelaciones del programa Panorama, el Ministerio de Salud (Minsa) habría modificado la normativa que inicialmente impedía la instalación del centro médico, lo que ha generado reclamos de vecinos y denuncias de posibles intereses políticos detrás de este cambio.
El policlínico, ubicado a solo 82 metros de una estación de servicio de combustible Repsol y de otras edificaciones, contravenía la norma técnica sanitaria N.° 113 del Minsa, que exigía una distancia mínima de 100 metros para esta clase de instalaciones. Sin embargo, en septiembre de 2024, el municipio de San Isidro solicitó una revisión de la normativa.
Poco después, el Minsa ajustó los parámetros, reduciendo la distancia mínima permitida a 50 metros, lo que habilitó al centro para operar en dicho espacio. Lily Morey, exregidora y crítica del proceso, señala que esta modificación responde a intereses políticos y socava las garantías para la correcta zonificación de centros de atención médica.
Pese a estos cambios normativos, el policlínico no ha sido inaugurado. El municipio asegura que se trató de una “corrección” en lugar de una modificación, alimentando aún más la polémica entre las partes involucradas. Mientras tanto, los vecinos exigen su inmediata apertura, resaltando que el retraso perjudica su salud y calidad de vida.
Un largo historial de irregularidades
Una serie de informes de Sudaca revelaron que el proyecto, que inicialmente fue declarado viable en la gestión de Manuel Velarde Dellepiane como alcalde (2015-2018), tenía como objetivo principal el “mejoramiento de los servicios de salud y bienestar de la gerencia de desarrollo humano de San Isidro”. El plan incluía mejoras de infraestructura en instalaciones existentes y la adquisición de un nuevo inmueble para un centro médico en la urbanización Corpac. Con un presupuesto inicial de S/ 21,491,037.27, el proyecto contemplaba una partida de S/ 4,860,000 para la compra del terreno y S/ 1,425,454.07 para su acondicionamiento. Sin embargo, Velarde dejó el cargo sin haber dado inicio al proyecto.
Con la llegada de Augusto Cáceres como alcalde en 2019, el presupuesto del proyecto fue incrementado a S/ 23,331,937.20. Durante su gestión, se llevó a cabo la contratación directa N.° 6-2019-SL-MSI-1 para adquirir un inmueble en la avenida Guardia Civil por S/ 6,595,842.24, a través de la empresa Arte Inversiones S.A. Sin embargo, este predio fue objeto de cuestionamientos por parte de los vecinos, quienes argumentaron que su cercanía a una gasolinera, un colegio y otros espacios públicos infringía la normativa vigente del Minsa.
La construcción comenzó con la demolición del inmueble adquirido, lo cual fue señalado ante la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro y el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de San Isidro como una irregularidad, ya que el terreno no cumplía los requisitos establecidos para un centro médico.
Mario Altuna, vecino del distrito y denunciante del caso, declaró a medios locales que las advertencias de la Diris fueron ignoradas. “El lugar no cumplía con la norma técnica ni con los requisitos de adecuación. A pesar de ello, demolieron la vivienda existente y comenzaron la construcción de un edificio de cinco pisos que no está aprobado oficialmente”, explicó. Hasta la fecha, la obra sigue en curso sin una fecha clara de inauguración.
La gestión actual y la persistencia del problema
Nancy Vizurraga, actual alcaldesa de San Isidro, ha sido objeto de críticas por no detener la obra, a pesar de haber sido regidora durante la gestión de Cáceres y haber tenido conocimiento de las irregularidades alrededor del proyecto. Según Mario Altuna, los vecinos temen que el costo total del policlínico supere los S/ 35 millones, lo que representa un gasto significativo para el municipio en un proyecto que no cumpliría con los estándares normativos ni de zonificación.
El municipio sostiene que el nuevo edificio, actualmente inconcluso, sería utilizado como un centro de salud de primer nivel que beneficiaría a los vecinos del distrito. Sin embargo, persisten las dudas sobre la legalidad de la ubicación del inmueble, mientras entidades como la Contraloría, el Minsa y otras autoridades no han emitido fallos concluyentes respecto al caso.