El Poder Judicial dictó este martes 18 meses de prisión preventiva contra la fiscal Elizabeth Peralta, quien fue apartada preventivamente de su cargo debido a su implicación en una trama de tráfico de influencias y sobornos junto al presentador de televisión Andrés Hurtado. La decisión fue tomada por el juez supremo Gustavo Álvarez, quien debía determinar si aplicaba la medida cautelar o permitía que la magistrada continuara el proceso en libertad.
Álvarez declaró fundado el recurso de apelación del Ministerio Público contra el auto de primera instancia que dictaba comparecencia para Peralta y le impuso prisión preliminar para asegurar su presencia en el proceso, dada la gravedad de los cargos. Asimismo, ordenó la emisión de los oficios necesarios para ejecutar su “ubicación y captura”.
“Ha citado la jurisprudencia y doctrina, pero luego no menciona que en realidad ella no ha mentido y señala una serie de situaciones que serán analizadas. La pregunta es con qué argumento suyo me quedo para efectos de decidir: si la conducta de su defendida es en línea de ajustar sus actos a los requerimientos de la autoridad competente, o ejerce su derecho a guardar silencio o faltar a la verdad en línea de defender su posición procesal”, agregó.
Álvarez, quien finalmente se adhirió al voto de sus colegas María Altabás, Norma Carbajal y Saúl Peña, indicó que emitiría su resolución en el día, con “la celeridad que corresponde”. La defensa de Peralta indicó que su patrocinada se entregará en las próximas horas y que está realizando las coordinaciones respectivas para ello.
“Le he explicado el tenor de la resolución y ella ha manifestado, junto con el equipo de la defensa, la voluntad de ponerse a derecho, aunque la decisión esté equivocada. Estamos en desacuerdo porque esperábamos que se pudiera seguir la línea jurisprudencial de la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”, señaló en diálogo con RPP. Horas después, desistió de la iniciativa y su clienta pasó a la clandestinidad, pese a la orden de captura en su contra.
Imputaciones
La fiscal está relacionada en esta presunta trama corrupta junto con el empresario Javier Miu Lei y el conductor televisivo, actualmente recluido en el penal de Lurigancho. Se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado a Miu Lei, a cambio de un millón de dólares, y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora del empresario.
A fines de noviembre, la fiscal adjunta Alejandra Cárdenas presentó fundamentos de apelación para revocar la comparecencia y recordó un allanamiento en el que se encontró un USB con un audio que presuntamente sugería separar las investigaciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, para beneficiar a este último.
En esa diligencia también se hallaron elementos comprometedores, como un ticket aéreo, anotaciones con números de cuentas bancarias y una maleta con diversos artículos. Además, manuscritos con instrucciones para borrar el respaldo de su WhatsApp suscitaron sospechas de manipulación de pruebas.
“Creo que debe parar esto. Todo publican, cosa que no es, cosa que no me corresponde, todo es obstaculización a la justicia, y doctor, no, no es así. Pido que se haga una pericia, que se haga la pericia caligráfica para que vea que no es mi letra. Lo que encuentran todo lo publican en la TV porque lo brinda el Ministerio Público. En su momento lo voy a tener que ocultar, no es mi voz, no es mi letra”, señaló mientras sollozaba.
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