El pasado 28 de septiembre, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao. Esta medida fue adoptada como respuesta al primer paro de transportistas, gremio que decidió detener sus operaciones cotidianas debido a los constantes casos de extorsión y sicariato de los que han sido víctimas hasta ahora.
De acuerdo a los alcaldes de las jurisdicciones involucradas, la situación de excepción ha hecho poco o nada por reducir los índices de criminalidad dentro de sus territorios. Incluso, expertos aseguran que no hay un plan o estrategia por parte de las autoridades centrales para combatir la inseguridad ciudadana eficientemente.
Pese a este panorama, desde el Ministerio del Interior (Mininter) alaban la medida y resaltan los esfuerzos hechos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fuerzas Armadas (FF. AA.) por tratar de restablecer el orden público.
Balance del estado de emergencia
Este 26 de noviembre culmina el estado de emergencia. Aunque los casos de extorsión, sicariato y atentados son el pan de cada día, el Mininter consideró que se han logrado resultados alentadores en la lucha contra el crimen.
Erick Caso Giraldo, jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección de la cartera mencionada, informó que, durante los dos meses de vigencia, los hechos delictivos se redujeron en un 22%, en comparación con los registros de agosto y septiembre de este año.
Los datos provienen del Observatorio de Criminalidad, una plataforma que consolida información de las denuncias registradas en comisarías y otros canales oficiales. Según Caso, la incidencia delictiva entre enero y noviembre de 2024 disminuyó en un 29% respecto al mismo período de 2023.
Este descenso evidencia, según el funcionario, el impacto positivo de las estrategias implementadas bajo el liderazgo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en coordinación con la Policía Nacional y los gobiernos locales.
Una reducción significativa en delitos clave
Entre los logros destacados, Caso Giraldo mencionó que los robos experimentaron una caída del 35% en términos anuales. En el período específico de los últimos cuatro meses, esta reducción fue del 27%. Por su parte, los casos de secuestro disminuyeron en un 17% en comparación con el mismo intervalo de 2023.
El delito de extorsión, uno de los más preocupantes en zonas críticas, también mostró un retroceso: las cifras anuales señalan una reducción del 25%. Durante los dos meses de estado de emergencia, este delito bajó un 4% frente a los niveles registrados en agosto y septiembre. Aunque el impacto no es uniforme en todos los distritos, estos indicadores reflejan avances en la recuperación de la seguridad ciudadana.
Estrategias que marcan la diferencia
Desde el sector liderado por Juan José Santiváñez, aseguran que la implementación de programas preventivos como Amanecer Seguro y Retorno Seguro ha sido clave en este proceso.
Asimismo, sostienen que estas iniciativas permitieron reforzar la presencia policial en puntos críticos y garantizar la protección de ciudadanos en horarios y zonas de mayor riesgo. Paralelamente, las operaciones de investigación e inteligencia han desarticulado varias organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato.
Caso destacó que los operativos conjuntos con los gobiernos locales y la participación activa de los alcaldes han sido esenciales para generar resultados tangibles. “El trabajo articulado está funcionando. Este es un esfuerzo conjunto que debemos seguir fortaleciendo”, afirmó el funcionario.
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