El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, se encuentra prófugo de la justicia. El Ejecutivo, poder del Estado encargado de dar con el paradero del investigado, ha optado por promover una ronda de cuestionamientos a la decisión del Poder Judicial.
Boluarte se encontraba no habido desde el último lunes. La noticia fue confirmada por su abogado mientras el juez Richard Concepción Carhuancho daba cuenta de su decisión. Anunciados los 36 meses de prisión preventiva en su contra, se debía proceder con su captura; sin embargo, esto no ha sucedido hasta el cierre de la nota.
La ronda de cuestionamientos a la decisión del Poder Judicial la inició el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Este indicó que existe un “bajísimo estándar de la libertad”. “Nos olvidamos de los principios fundamentales que primero es el hombre y segundo la libertad del hombre”, agregó.
Durich Whittembury, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se sumó a la ola de cuestionamientos. El miembro del Ejecutivo resaltó que la lectura de sentencia dio inicio el último día de la APEC y deslizó la posibilidad de que haya ocurrido así para desviar los presuntos logros del gobierno en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Sobre la prisión preventiva contra Boluarte, optó por señalar que no se debe politizar la justicia.
Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini dijo que la medida contra Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y que se utilizará para decir: “Presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado, y eso no es así”, aseveró.
“No puedo opinar porque él (Nicanor Boluarte) tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meditando, si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, agregó sobre el paso de Boluarte a la clandestinidad.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, dijo que no se pronunciaría sobre el caso pues “que un ministro pueda pronunciarse respecto de esta situación más bien afectaría”. No obstante, señaló que, en ocasiones, las decisiones judiciales son respetadas únicamente “cuando nos conviene”.
“Como peruano, como ministro de Estado, sí puedo hacer una invocación a que en nuestro país se respeten los derechos fundamentales, de que todos tengan predictibilidad del Poder Judicial, garantía de un juez imparcial, garantía del debido proceso y presunción de la inocencia”, aseveró.
Desconoce su paradero
El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, informó que la presidenta Dina Boluarte está “consternada” por la orden judicial de 36 meses de prisión preventiva contra su hermano Nicanor, acusado de liderar una red criminal que habría influido en la designación de prefectos y subprefectos para favorecer la formación de un partido político.
Adrianzén afirmó que ni la presidenta ni él conocen el paradero de Nicanor Boluarte, quien se encuentra desaparecido desde el domingo pasado, y cuyo abogado no ha logrado localizar.
Según Adrianzén, detrás de la prisión preventiva de Nicanor existe una campaña que busca acusar a la mandataria de “incapacidad moral” para facilitar su destitución por parte del Congreso.
El primer ministro mencionó que esta campaña proviene de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, promotores de la vacancia presidencial, seguidores del expresidente Pedro Castillo y quienes abogan por la disolución del gobierno actual. Finalmente, Adrianzén denunció una “judicialización de la política y politización de la justicia” en el país.