La presidenta Dina Boluarte se niega a responder a la prensa. La última vez que Palacio de Gobierno recibió a los periodistas para que puedan interrogar a la mandataria fue el pasado 8 de julio, cuando regresó de su visita a oficial a China. Este 16 de octubre, la mandataria ya cumplió 100 días sin dar declaraciones a los medios.
En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que ya rebasó la respuesta del Ejecutivo y una desaprobación que supera el 90 %, Boluarte Zegarra prefiere lanzar comentarios irónicos desde el estrado donde da sus discursos en las actividades oficiales, en lugar de transparentar las acusaciones más graves que enfrenta.
“Hechos y no palabras”, es el eslogan que constantemente repite. Sin embargo, hasta ahora no se ve un hecho contundente para satisfacer las principales demandas de la ciudadanía. Solo para dar un ejemplo, el último lunes, un profesor fue asesinado al interior de su centro educativo en Ate, un distrito declarado en estado de emergencia.
Pese a la gravedad del atentado, que comprometió la seguridad de menores de edad, la mandataria no salió a dar ninguna declaración, ni a explicar que otras medidas se tomarán para frenar los ataques de sicarios y extorsionadores. Los únicos ministros que brindaron declaraciones fueron, el del Interior, Educación y el Premier.
En las últimas horas, trascendió que el profesor asesinado tenía un parentesco con la presidenta. Hasta el momento ninguna fuente oficial desmintió estas afirmaciones.
No guarda silencio
El martes 15 de octubre, la presidenta acudió a la sede del Ministerio Público para responder por la reunión que tuvo con la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, donde supuestamente se habría negociado la permanencia de Raúl Alfaro como Comandante General de la PNP.
En medio de un fuerte contingente policial, Boluarte Zegarra llegó a la Fiscalía, al rededor de las 9:30 a. m. y tras más de dos horas se retiró sin dar declaraciones. Fue su abogado, Juan Carlos Portugal, quien afuera de Palacio de Gobierno respondió las preguntas de la prensa, ratificó la inocencia de su defendida, aseguró que continuarán colaborando con las investigaciones y que, pese a que está respaldado por la Constitución, no se acogerá a su derecho a guardar silencio.
Sin embargo, hay que recordar que actualmente existe una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial que pretende frenar las investigaciones, alegando que se atenta contra el artículo 117 de la Constitución, que establece que no puede investigarse a un presidente en ejercicio.
Como era de esperarse, la presidenta tampoco responde sobre este tema. La única que vez que se refirió a las investigaciones que afronta, en su última conferencia de prensa, señaló que esperará que el Ministerio Público establezca las responsabilidades.
Respuestas y ataques
No hay declaraciones, pero sí ataques a la prensa. Si algo caracterizó a la gestión de Boluarte en los últimos meses fue el maltrato que brindó a los periodistas que realizaban coberturas a sus actividades oficiales. Por ejemplo, encerrarlos en un cuarto para evitar que se acerquen o asistir a la inauguración de colegios con francotiradores y exageradas medidas de seguridad.
Ahora, si bien ya no se encierra o amedrenta a los periodistas, si lanza sagaces comentarios en contra de su trabajo, especialmente cuestiona a quienes revelan información que resulta incómoda para su gobierno. Su último invento fue el término “terrorismo de imagen”.
“En este contexto, tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo. La guerra de las mentiras, las fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen. Un viejo método que aplicaron los totalitarios”, declaró el pasado 8 de octubre.
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