El pasado 8 de agosto, la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada decidió archivar una denuncia sobre minería ilegal en la región Amazonas. Esta decisión se tomó a pesar de que durante los 10 meses previos, no se realizaron diligencias de investigación que pudieran esclarecer el caso.
La denuncia, presentada en octubre de 2023, apuntaba a 14 personas presuntamente involucradas en la actividad ilícita en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui.
Específicamente, se les acusaba de delitos relacionados con el crimen organizado y la minería ilegal. Sin embargo, desde la presentación de la denuncia, el despacho fiscal no llevó a cabo acciones concretas para investigar los hechos ni a los implicados.
Estado contribuye a expansión de la economía ilegal
La Fiscalía justificó el archivo del caso con la argumentación de que no existían elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia de una organización criminal y que no se pudo obtener la documentación necesaria para corroborar las acusaciones.
Sin embargo, IDL resalta que la falta de evidencia no debería ser un motivo para archivar el caso cuando la ausencia de pruebas es en gran medida resultado de la inacción en la investigación.
Asimismo, enfatizan que, si bien la Fiscalía había trasladado el caso a la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (Diviac-PNP) en octubre de 2023, la Diviac no tomó ninguna medida.
Incluso a pesar de que en noviembre del mismo año la Diviac recomendó derivar el caso a la Unidad Especializada de Inteligencia en Medio Ambiente, esta recomendación no se concretó.
Posteriormente, en diciembre de 2023, la Fiscalía ordenó a la Diviac designar un equipo especial para las investigaciones, pero este requerimiento tampoco se cumplió.
En enero de 2024, se reiteró la solicitud, y en febrero se extendió el plazo de investigación por 120 días adicionales sin que se observaran avances. En esa línea, pese a múltiples disposiciones y oficios, las diligencias efectivas para investigar el caso no se realizaron.
Luego, en abril de 2024, el caso fue finalmente transferido a la Dirección de Medio Ambiente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía (Uficco-PNP), que también recomendó el caso a la Diviac Lima.
Pero, en junio, se decidió transferirlo a la Diviac de Bagua Grande, que a su vez recomendó nuevamente que el caso fuera derivado a la Unidad Especializada de Inteligencia en Medio Ambiente.
Ante esta situación de inacción, la Fiscalía optó por archivar el caso en agosto de 2024, aumentando el riesgo de expansión de la economía ilegal en la región.
Minería ilegal sigue amenazando territorio del pueblo awajún
Tras recibir una queja por la falta de acción efectiva por parte de la Policía, el 22 de agosto, la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada anuló el archivamiento del caso y ordenó reanudar la investigación.
En concreto, la Fiscalía instruyó al Ministerio del Interior para que defina qué unidad policial será responsable de llevar a cabo las diligencias necesarias, pertinentes y urgentes para esclarecer los hechos. Además, se extenderán las diligencias preliminares contra los 14 acusados por 60 días adicionales.
En ese marco, cabe mencionar que, la minería ilegal en Amazonas sigue causando graves consecuencias para el medio ambiente y la población, especialmente la del pueblo indígena awajún.
Según la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), hasta julio de 2024, había alrededor de 100 dragas (máquinas de excavación ilegal) operando a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago, con organizaciones criminales integradas por ciudadanos peruanos y ecuatorianos extrayendo oro en el alto Cenepa.