Los primeros meses de Dina Boluarte en la presidencia estuvieron marcados por el rechazo de la ciudadanía y el pedido de nuevas elecciones generales, entre otros; sin embargo, lejos de hacer un llamado a la calma, el Gobierno optó por el uso de la fuerza. Así, a más de un año desde lo ocurrido, las familias de los 49 peruanos asesinados y de los más de 500 heridos por la represión policial y militar continúan pidiendo justicia para sus seres queridos.
En medio de todo el proceso, ellos han logrado articularse para alzar su voz y exigir la salida de la actual jefa de Estado, además de que los responsables por las muertes sean debidamente castigados. De esta forma, surgió la convocatoria para la Gran Marcha Nacional, que tendrá lugar este sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de julio; es decir, Fiestas Patrias.
Delegaciones regionales llegan a Lima
El último viernes 26 de julio se dio a conocer que diferentes delegaciones regionales se embarcaban en recorridos para arribar a la ciudad de Lima e iniciar con las movilizaciones programadas para el sábado 27.
Así lo confirmó la periodista Jacqueline Fowks, a través de su cuenta de Twitter, al señalar que la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre realizó un pago a la tierra en Ayacucho, antes de viajar a Lima para manifestarse por justicia. En diálogo con la mujer de prensa, la presidenta Yovana Mendoza señaló que “el Perú no está de fiestas, sino que está de luto”.
Por su parte, Radio San Martín compartió que el jueves 25 de julio ya había partido la cuarta delegación de voluntarios de Arequipa para participar en las protestas contra Dina Boluarte. Entre las exigencias de los manifestantes se encuentran también el cierre del Congreso, la no privatización del agua y su rechazo al proyecto minero Tía María.
De esta manera, en redes sociales se ha ido documentando la llegada de las delegaciones de varias regiones a la Plaza San Martín desde las 10:00 a.m. Además, ciudadanos de otros distritos de Lima, principalmente Puente Piedra y del Cono Norte, han mostrado su respaldo a las manifestaciones y se han hecho presentes.
Denuncian intervención irregular contra manifestantes
La noche del viernes 26 de julio, familiares de víctimas de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando se dirigían a Lima desde Huamanga, en Ayacucho. Estos ciudadanos y otros de diversas regiones del Perú viajaban a la capital para participar en las marchas programadas del 27, 28 y 29 de julio.
La periodista Jacqueline Fowks informó que los agentes efectuaron intervenciones irregulares durante el trayecto. Ella precisó: “Dos policías de Divincri han tomado foto de sus DNI, un procedimiento irregular. Además, un suboficial quiso revisar el bolso de una de las agraviadas, también irregular”.
En respuesta a estos hechos, el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, indicó que se implementarán controles estrictos en buses y vehículos que ingresen a Lima, aunque reconoció que estas acciones podrían ser percibidas como discriminatorias; no obstante, enfatizó que serían necesarias para identificar a personas con antecedentes penales.
Responsabilidad de Boluarte en protestas
La presidenta Dina Boluarte podría ser objeto de una investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, según un informe publicado el jueves 18 de julio por Amnistía Internacional. El documento detalló los patrones de intimidación estatal ocurridos durante las manifestaciones en contra del ascenso de la mandataria al poder.
Además, precisó que la presidenta participó en al menos 29 reuniones del Consejo de Ministros sin solicitar medidas específicas para detener los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y la PNP. Esta omisión, según detalló, podría tener implicaciones legales serias.
Amnistía Internacional ha señalado que una serie de actos represivos fueron llevados a cabo de manera sistemática, lo que apunta a un patrón preocupante de intimidación. La jefa de Estado, de acuerdo al informe, no realizó ninguna acción concreta para frenar estos abusos, aumentando así la presión para su potencial enjuiciamiento.