A finales del 2022 e inicios del 2023, la ciudadanía organizó una serie de protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, quien acababa de asumir la presidencia, para alzar su voz a favor de la disolución del Congreso de la República, la instalación de una asamblea constituyente y el llamado a nuevas elecciones generales, entre otras. Lamentablemente, dichas manifestaciones, que ocurrieron en diferentes puntos del país, culminaron con el asesinato de 49 peruanos, además de un saldo de más de 500 heridos, como consecuencia de la represión policial y militar.
Precisamente, a un año y medio de lo ocurrido, las regiones en las que se reportaron un mayor número de víctimas continúan en la búsqueda de justicia. Por ello, se han convocado a manifestaciones para este sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de julio, a fin de exigir la salida de la mandataria y del Congreso, ambos con desaprobaciones que bordean el 95%.
Puno en pie de lucha
Desde la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de Enero, de Juliaca - Puno, se emitió un pronunciamiento en su página oficial de Facebook para expresar un solo sentir: “No nos rendiremos”. En esta ocasión, Irma Mariela Cayo, viuda de Manuel Quilla, manifestante que —según el protocolo de necropsia del que fue testigo el abogado de la familia— habría muerto por ser sometido a torturas, convocó a la ciudadanía a formar parte del evento que tendrá lugar durante Fiestas Patrias.
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Arequipa se une a protestas
Por su parte, Radio San Martín informó que, desde el jueves 25 de julio, la cuarta delegación de voluntarios de Arequipa para participar en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte partió hacia Lima. De acuerdo a lo expresado, los manifestantes también exigirán el cierre del Congreso, la no privatización del agua y expondrán su rechazo al proyecto minero Tía María.
Jorge del Carpio Lazo, representante de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, acotó que los voluntarios se trasladan en diferentes vehículos para unirse en la plaza Dos de Mayo a delegaciones de otras regiones. Estimó, para dicho medio, que más de 200 personas llegarán para participar en estas movilizaciones pacíficas.
Junín se alista para marchas
Una delegación de familiares de las víctimas de las protestas de Pichanaqui se prepara para participar en las marchas contra Dina Boluarte que se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de julio en Lima. Así lo confirmó el medio HuancaYork-Times.
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Este grupo, que se ha organizado bajo la denominación de Asociación de Familiares Asesinados y Heridos del 16 de Diciembre de 2022, busca justicia para aquellos que fallecieron durante las protestas, en las que tres personas murieron al participar en el bloqueo del puente Pichanaqui.
Para financiar su viaje a Lima, los residentes de esta ciudad de la selva central han organizado una rifa. Ellos planean reunirse este sábado 27 con parientes de las víctimas de otras regiones afectadas, tales como Ayacucho, Puno, Juliaca, Apurímac, Arequipa y Cusco. En estas reuniones se fortalecerán los lazos y se diseñarán estrategias conjuntas a fin de continuar con su búsqueda de justicia.
Estudio detalla responsabilidad de Boluarte
Dina Boluarte podría enfrentar una investigación por violaciones graves a los derechos humanos durante su ascenso al poder, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, el cual fue publicado el último jueves 18 de julio. El documento detalló los patrones de intimidación estatal ocurridos durante las manifestaciones en su contra.
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Además, precisó que la mandataria asistió a, al menos, 29 reuniones del Consejo de Ministros sin realizar ninguna solicitud expresa para detener los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
También se describieron casos específicos de represión durante las protestas, ya que se resaltó cómo las fuerzas del orden actuaron de manera sistemática para disuadir a los manifestantes. La organización internacional subrayó que estos actos podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos, lo que abriría la posibilidad de futuras investigaciones y posibles acciones legales contra la jefa de Estado.