En junio del 2024, una lamentable realidad salió a la luz y empezó a ser replicada en diferentes medios de comunicación: más de 500 escolares de la comunidad awajún habían sido víctimas de violencia sexual por parte de sus propios docentes. Este panorama evidenció una larga cadena de responsabilidades que empezaba con la UGEL, entidad que —lejos de separar a los maestros definitivamente sin goce de haber— asignaba labores administrativas a los agresores, hasta el Gobierno de Dina Boluarte, que no solo no habilitó el presupuesto necesario para implementar medidas de prevención, sino que —una vez revelado lo ocurrido— tuvo un lamentable rol en la erradicación de dicha problemática.
Desde el momento en el que se dieron a conocer los hechos, el Estado no ha hecho más que corroborar su falta de preparación e ineficacia para hacer frente al abuso sexual infantil denunciado. Un ejemplo de esto llegó con las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero: en un pronunciamiento oficial sobre las medidas en contra de los denunciados, el titular del sector señaló que podría tratarse de una “práctica cultural, que lamentablemente ocurre en los pueblos amazónicos”.
Sin embargo, pese a lo estigmatizante y discriminatorio de dicho comentario, fue la propia ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Alejandra Hernández, quien validó lo expresado por su colega. Ella, en otro momento y al ser cuestionada por el tema, precisó que, en efecto, “se tratan de prácticas culturales que debemos desterrar”.
Rechazo a la gestión de Dina Boluarte
En medio de la ola de críticas por el manejo del Gobierno a este caso de abuso sexual infantil en Amazonas, llegó la esperada respuesta —o la falta de ella— de la presidenta Dina Boluarte, quien el último lunes 8 de julio evitó hablar del tema ante la prensa y cedió el paso al ministro de Educación, una actitud que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía, organizaciones y demás.
El rechazo no se hizo esperar y un gran número de ciudadanos utilizaron sus redes sociales para pronunciarse en contra de la falta de respuesta de la mandataria. Y uno de ellos correspondió a la congresista Sigrid Bazán, quien calificó “de terror” el nivel de desinterés de Dina Boluarte.
Además, horas antes, el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi ya se había manifestado en contra de las acciones emprendidas a través de la Resolución Ministerial N.° 338-2024, que crea un grupo de trabajo sectorial para enfrentar la violencia sexual a estudiantes de las comunidades awajún y wampis.
A pesar de que la disposición del Minedu incluye la separación del personal docente y administrativo vinculado con dichos delitos, así como el soporte socioemocional y la capacitación con un enfoque intercultural, la organización consideró que el plan de medidas establecido no es suficiente para la gravedad del problema.
El Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi argumentó que es necesario implementar medidas adicionales que garanticen la erradicación de la impunidad y promuevan la prevención. Según la organización, abordar un problema multifactorial —como la violencia sexual— requiere un enfoque integral que vaya más allá de las disposiciones actuales.
Este pronunciamiento se suma a las críticas de diversas organizaciones que han señalado la importancia de una respuesta más completa a la violencia sexual, al abogar por políticas que no solo castiguen, sino que también prevengan y eduquen a la comunidad.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Red Nacional de Derechos Humanos (REDADDHH)— compartieron el comunicado y se pronunciaron en contra del Gobierno. “Dina Boluarte ha designado un ministro que considera que las violaciones en las escuelas de los pueblos originarios son ‘una práctica cultural’. El abuso sexual es un delito, no es cultura”, lamentó la REDADDHH.
Intervención de Morgan Quero
A su turno, el titular del Minedu indicó que se han implementado cambios significativos en el ámbito educativo. Quero detalló que un total de 121 docentes han sido destituidos en Amazonas, además de que recientemente se sumaron a esa cifra otros nueve en las regiones de Loreto y San Martín.
En el marco de estas acciones, dio a conocer que se han transferido 4,2 millones de soles al Gobierno Regional de Amazonas, al que se destinó 1,2 millones a la UGEL de Condorcanqui. Dicha inversión busca mejorar las residencias estudiantiles de la zona. Hasta el momento, se han implementado 16 redes de protección comunal en al menos 18 residencias, con el objetivo de salvaguardar a los menores.