Hania Pérez de Cuéllar, titular del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), se pronunció sobre la polémica por los ajustes en las tarifas de agua potable que sugiere el Decreto Legislativo 1620, aprobado a fines del 2023.
El tema viene causando preocupación en la población peruana frente al anuncio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que alertó sobre posibles incrementos significativos en las tarifas. Según Sunass, el costo del agua podría duplicarse en Lima y aumentar hasta más de siete veces en otras regiones.
Durante una conferencia realizada en la región San Martín, Pérez de Cuéllar defendió la necesidad de estos ajustes, argumentando que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) están en una situación crítica.
En esa línea, descartó que un posible incremento de las tarifas de agua potable afecte a la población vulnerable y en situación de pobreza o pobreza extrema del país, tal como lo advirtió el ente regulador Sunass. “Seriamos incongruentes e incoherentes si por un lado sacamos una ley para darle acceso a agua potable a los más vulnerables, y por otro, estamos pidiendo que se les aumente la tarifa”, precisó.
El costo por la mejora y abastecimiento del agua potable que el Ejecutivo pretender llevar a los más vulnerables sería asumido por los usuarios “que más consumimos y los que más capacidad económica tenemos”. Para ello se pretende mejorar la focalización de las personas que realmente merecen tener tarifas sociales.
Pérez de Cuéllar también lamentó que desde Sunass se haya emitido declaraciones que ha causado alarma en la población por el aumento en la tarifa del agua y la autonomía de la entidad reguladora. “Me sorprende las declaraciones temerarias del regulador diciendo que vamos a establecer tarifas, eso es competencia de ellos”, expresó.
¿Qué dijo Sunass?
En declaraciones a Gestión, el presidente ejecutivo de Sunass, Mauro Gutiérrez Martínez, señaló que el Decreto Legislativo 1620, que busca modificar el Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, causaría un riesgo de injerencia del Ministerio de Vivienda para fijar tarifas de agua potable, vulnerando la autonomía del regulador.
A consecuencia de este decreto legislativo, la tarifa del agua podría duplicarse en Lima y aumentar significativamente en otras regiones.
Por ejemplo, en Lima, una familia promedio que consume 15 metros cúbicos pasaría de pagar S/65 a S/128 al mes, un incremento del 97 %. En Arequipa, donde el servicio está a cargo de Sedapar, el costo podría subir más de siete veces. Además, en Piura, el costo del agua podría aumentar hasta un 266 %, lo que significaría un incremento mensual de S/50 a S/183 para una familia promedio.