Jaime Villanueva continúa revelando nuevos hechos al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Ahora ha involucrado a su exjefa, la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en el presunto direccionamiento de una licitación pública internacional a cambio de una coima de un millón de soles, contubernio en el que también habría participado el hoy detenido exasesor Miguel Girao.
Se trata de la licitación pública internacional 009-2023-MP-UE011-BID para la “Implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público”, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Todo inició, según la resolución judicial a la que accedió Infobae Perú, en junio de 2023, cuando Jaime Villanueva se reúne con Grika Asayag, exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte, en un restaurante en la avenida La Mar, en Miraflores. En dicho encuentro, Asayag mencionó el nombre del empresario Giancarlo Valer Enciso, a quien el exasesor dijo ya conocer por haber trabajado con él en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Es entonces que coordinan una nueva reunión en donde estén los tres presentes.
Villanueva llevó a Miguel Girao, “para agilizar cualquier propuesta que les podría generar activos”, de acuerdo con la investigación. Ya en el nuevo encuentro, en el que también estaba presente el abogado Óscar Nieves, el empresario Giancarlo Valer Enciso comentó su interés para que una empresa a la que está vinculado gane la licitación pública internacional que lanzaría la Unidad Ejecutora 011-Carpeta Fiscal Electrónica del Ministerio Público por un monto de 141 millones de soles. A cambio del direccionamiento, ofreció a los exasesores una “buena cantidad de dinero”, 500 mil soles.
Sin embargo, relata la Fiscalía, los exasesores no tuvieron suerte en su intento de direccionar la licitación, por lo que se vieron en la obligación de recurrir a Patricia Benavides. El empresario entregaría un millón de soles a la exfiscal de la Nación si se concretaba su deseo.
La millonaria licitación
Ya con Patricia Benavides en sintonía con los intereses de Giancarlo Valer Enciso, según la investigación fiscal, se removió a la directora ejecutiva de la Carpeta Fiscal Electrónica, Natalia Kelly Urbano Ramírez, y en su lugar se nombró a una allegada del empresario, Blanca Aurora Arce Barboza. La exfiscal de la Nación oficializó la designación en octubre de 2023, a través de la resolución 2709-2023-MP-FN.
Además, se habría infiltrado en el comité de selección a Jenny Ochante Cahuana para que, de acuerdo a la resolución, “pueda hacer cualquier argucia para que la empresa vinculada a Giancarlo Valer Enciso pueda verse favorecida con esa millonaria contratación”.
En efecto, según corroboró el EFICCOP, Ochante Cahuana presentó objeciones cuando el comité de selección eligió la oferta ganadora, objeciones que no fueron aceptadas por los otros miembros debido a que el Banco Interamericano de Desarrollo ya había dado el visto bueno para el grupo de trabajo proceda a seleccionar al postor que cumpla con los requisitos y ofrezca el costo más bajo.
El 20 de noviembre de 2023, Blanca Arce Barboza comunicó al Banco Interamericano de Desarrollo que la empresa Itatel Perú había sido elegida por el comité de selección, a fin de que la oferta sea aceptada. Sin embargo, el referido banco observó el documento tras detectar “factores que pueden afectar la implementación de las actividades del contrato”, por lo que recomendó que se haga un “examen más minucioso” sobre la idoneidad de los miembros del comité de selección antes de que se convoque a un nuevo proceso de licitación.
A la fecha, la convocatoria sigue abierta. Para el EFICCOP, se estaría buscando que “la empresa ganadora sea aquella que se ha pretendido con antelación, que es la empresa vinculada a Giancarlo Valer Enciso”.
Denuncia “burda maniobra”
En un video difundido en redes sociales, Patricia Benavides aseguró que el operativo Valkiria XI es una “burda maniobra” para “forzar” su destitución.
“Rechazo la burda maniobra, evidentemente concertada, de montar un psicosocial con fiscales y policías, para impresionar a las autoridades y a la opinión pública y así forzar la injusta destitución; pese a la inexistencia de pruebas en mi contra e, incluso, mencionar a mis menores hijos”, alegó.